Mientras el Gobierno nacional acelera el debate de la reforma laboral en el Congreso, una declaración terminó desacomodando el discurso oficial. Julián de Diego, abogado laboralista y uno de los asesores que participó en la redacción del proyecto, reconoció que los cambios impulsados por la Casa Rosada no generarán empleo registrado por sí mismos.
“Modificar la legislación laboral no va a crear puestos de trabajo”, afirmó en Radio Con Vos. Una definición que contrasta con el argumento central del oficialismo, que presenta la reforma como una vía para dinamizar el mercado laboral.
Un diagnóstico que incomoda al Gobierno
Ante la consulta sobre por qué impulsar la reforma si no creará empleo, De Diego justificó la necesidad de modernizar la norma vigente: “Tenemos una ley de contrato de trabajo de 1975, cuando la estrella tecnológica era la máquina de escribir”. Según él, el sistema actual requiere “una bocanada de aire fresco” alineada con las nuevas dinámicas productivas.
Aun así, insistió en que el factor determinante para la creación de empleo no es la legislación, sino la recuperación económica: “Sin crecimiento sustentable no hay inversiones ni nuevos puestos registrados”. Una admisión que coincide con el estancamiento del empleo privado formal de la última década, un dato que también golpea con fuerza en distritos como La Plata, donde la desocupación ha mostrado altibajos persistentes.
Un proyecto extenso y con impacto en derechos adquiridos
Pese a las dudas internas, La Libertad Avanza presiona para que el Senado avance en sesiones extraordinarias con una iniciativa que supera las 100 páginas y modifica convenios, indemnizaciones, aportes patronales y atribuciones sindicales.
Según trascendió, Karina Milei busca que la reforma obtenga media sanción antes del 26 de diciembre, aunque el tratamiento se anticipa complejo. El contenido del proyecto implica cambios sensibles en un terreno históricamente conflictivo para el oficialismo libertario.
El Fondo de Asistencia Laboral, la apuesta para cubrir despidos
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones. Las empresas aportarían un 3% mensual sobre la base imponible del SIPA. El fondo sería administrado por entidades autorizadas por la CNV y se espera que genere intereses para evitar pérdida de valor. La reglamentación del Banco Central definirá los límites y modalidades de inversión.
Desde el Gobierno aseguran que se trata de un mecanismo de “costo cero” para empleadores y trabajadores, especialmente pensado para PyMEs que enfrentan dificultades al afrontar despidos.
Menos poder para los sindicatos y cambios en la recaudación
Otro eje fuerte de la reforma es la reducción de facultades sindicales. Se incorporará en los recibos de sueldo un ítem que detalle los montos destinados al financiamiento gremial, tanto de parte del trabajador como del empleador, lo que el Ejecutivo afirma que mejorará la transparencia.
Además, las empresas dejarán de estar obligadas a actuar como agentes de retención de las cuotas de afiliación: será opcional y requerirá acuerdo expreso del trabajador. Desde el Gobierno sostienen que los gremios deberán modernizar sus sistemas de cobro, aprovechando herramientas digitales.
Durante la elaboración del texto, funcionarios del Ejecutivo mantuvieron reuniones semanales con representantes de la CGT, aunque varios puntos quedaron sin consenso.
Ajustes en la Justicia laboral y definiciones controvertidas
El proyecto también avanza en el traspaso de los fueros laborales hacia la órbita porteña y establece criterios para evitar interpretaciones judiciales contradictorias. Uno de los cambios relevantes es la precisión de que el aguinaldo no integrará el cálculo de la indemnización por despido, una disputa que históricamente generó fallos opuestos, incluso en juzgados bonaerenses.
Formalización sin proyecciones claras
El Gobierno sostiene que la reforma fomentará la registración laboral y, con ello, mayor recaudación. Sin embargo, las autoridades evitaron dar estimaciones concretas. “No queremos prometer cifras que después no se cumplan”, señalaron. Aun así, confían en que el sector privado “preferirá registrar a su personal” bajo el nuevo esquema.
Mientras tanto, sectores productivos, gremios y especialistas siguen evaluando el impacto real de la iniciativa, un debate que también se refleja en La Plata, donde la informalidad afecta especialmente a jóvenes menores de 35 años, el segmento que el Gobierno señala como más perjudicado por el sistema actual.
