El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó una demanda judicial. El objetivo es frenar el proyecto petrolero Sea Lion. La acción la impulsó junto a la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).
El proyecto lo desarrollan las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Ambas empresas explotan petróleo en la Cuenca Malvinas Norte, sin autorización argentina.
Dónde se presentó la demanda y qué pide
La presentación llegó al Juzgado Federal de Río Grande. Ese tribunal tiene competencia sobre Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur.
Las organizaciones pidieron dos cosas concretas. Primero, la suspensión de las obras y perforaciones previstas. Segundo, medidas para impedir nuevas operaciones financieras vinculadas al proyecto. Además, solicitaron identificar a los bancos, fondos de inversión y aseguradoras que participan del financiamiento. También pidieron un embargo preventivo sobre bienes de las compañías por US$156,4 millones.
Dónde está el yacimiento y cuándo empieza la explotación
El yacimiento Sea Lion se encuentra a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Está ubicado en los bloques identificados como PL032 y PL004b.
Según el cronograma de las empresas, la perforación comenzaría a principios de 2027. La primera producción de petróleo está prevista para 2028. Navitas opera el proyecto y posee el 65%. Rockhopper conserva el 35% restante.
El argumento ambiental de la demanda
El planteo judicial del CECIM y la AAdeAA pone el foco en el impacto ambiental. Según explicaron, la explotación podría afectar los ecosistemas del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur.
Los riesgos que señalan son varios. Entre ellos, las perforaciones, el movimiento del lecho marino y el tránsito de embarcaciones. También mencionan el uso de productos químicos y el riesgo de derrames.
Además, la demanda sostiene que las compañías avanzan sin haber realizado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Tampoco habrían obtenido las autorizaciones que exige la legislación argentina.
La posición del Gobierno argentino sobre Malvinas
El reclamo del CECIM se suma a la posición oficial de la Cancillería argentina. En diciembre de 2025, el Gobierno ya había rechazado la decisión final de inversión de Rockhopper y Navitas.
En ese momento, la Argentina sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en una zona en disputa contradice las resoluciones de las Naciones Unidas. Pese a ese rechazo, las empresas avanzaron con las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las islas.
Durante 2026, las compañías ya comenzaron los trabajos de infraestructura en las Malvinas. Informaron avances en el muelle y la base terrestre. También continúa la fabricación de equipamiento para la primera fase del proyecto.
En agosto, Rockhopper confirmó que la perforación sigue prevista para comienzos de 2027. Además, la empresa comunicó que analiza ampliar el desarrollo de Sea Lion con un segundo buque para aumentar la capacidad de producción.
