La denuncia llegó desde las bases: choferes de colectivos y delegados sindicales advirtieron que las empresas comenzaban a retirar los carteles con la leyenda «Las Malvinas son argentinas» de las unidades y formaciones ferroviarias. El episodio encendió en pocas horas un rechazo masivo, obligó a una respuesta oficial contundente — «falso, falso, falso» — y dejó expuesta, una vez más, la tensión entre el Gobierno y sus propias contradicciones sobre la causa Malvinas.
Cómo empezó la polémica
La denuncia pública la hicieron choferes de distintas líneas, entre ellas varias pertenecientes al Grupo DOTA, quienes aseguraron haber recibido instrucciones internas para retirar mapas y calcomanías alusivas a la soberanía argentina. Los trabajadores afirmaron que la medida también alcanzó a algunas formaciones ferroviarias.
Marcelo Pasciuto, director de DOTA, salió a desmentir la lectura política del hecho: «No sacamos el logo de Malvinas de los colectivos, es un recambio», afirmó en radio El Destape. Y ofreció el argumento técnico: los carteles datan de 2022, cuando la Ley 27.023 — aprobada durante la gestión de Alberto Fernández para conmemorar los 40 años de la guerra — exigió la colocación de leyendas sobre Malvinas en todos los medios de transporte público. «Pasaron cuatro años, se desgastaron, y ahora se va a cambiar por algo más lindo», explicó.
El triple «falso» y el ataque a Méndez
La polémica escaló cuando el periodista Tomás Méndez publicó en X que «hubo una orden (no escrita) de la Secretaría de Transporte para eliminar la insignia de Malvinas de los colectivos.»
La Oficina de Respuesta Oficial respondió con inusual dureza: «FALSO. FALSO. FALSO. No existe NINGUNA ORDEN del Gobierno Nacional ni de la Secretaría de Transporte para eliminar la insignia de Malvinas de los colectivos. La Ley 27.023 sigue vigente y el reclamo soberano por ellas es irrenunciable. Literalmente NADA cambió.»
Y fue más lejos: tildó a Méndez de «miserable operador kirchnerista sin escrúpulos» y calificó el tuit de «una repugnante fake news» que «fue replicada por decenas de medios como si fuera un hecho consumado, sin haber chequeado en absoluto.»
Los gremios no creen
La respuesta oficial no alcanzó para cerrar la discusión. Rubén «Pollo» Sobrero, delegado de la Unión Ferroviaria Oeste, contestó directamente al Gobierno y cuestionó los que definió como «gestos de desmalvinización» de una administración que «mira con simpatía» a la exprimera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher.
«La noticia generó inquietud entre trabajadores, tuvo amplia repercusión en medios y provocó un rechazo generalizado», sostuvo el dirigente. Y dejó en claro que la desconfianza persiste: «No confío en un gobierno que permite que los ingleses avancen sobre el petróleo de las islas y cuestiona hasta la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección.»
La frase con la que cerró sintetiza la lectura sindical del episodio: «Si recularon por la masividad del rechazo, mejor. Si vuelven a intentarlo, nos van a encontrar enfrente. En el Sarmiento y en toda la Argentina, las Malvinas no se tocan.«
El contexto que alimenta la desconfianza
La velocidad y la virulencia del rechazo no pueden entenderse sin el cúmulo de episodios previos. La semana pasada, el vocero presidencial Adrián Ravier publicó en X que «siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas» — una afirmación que para amplios sectores sonó más a culpabilización que a reclamo soberano.
Semanas antes, durante el Mundial 2026, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva había respaldado sin matices la decisión de la FIFA que prohibía las banderas alusivas a las islas — «con el dibujito», como ella misma describió —, mientras el propio Milei distinguía el «gesto» de los jugadores del reclamo diplomático como si fueran asuntos completamente separados.
En ese clima, la encuesta de CEOP Latam publicada esta semana reveló que el 66,2% de los argentinos considera que al Presidente le importa «poco» o «nada» la causa Malvinas, y que el 83,9% respaldó el gesto de los jugadores al desplegar la bandera tras el partido contra Inglaterra.
Es en ese marco que una denuncia sobre calcomanías desgastadas alcanzó para desatar una tormenta política que el Gobierno intentó apagar con un triple «falso» — y que los gremios convirtieron en una pregunta más amplia sobre hacia dónde mira esta administración cuando se habla de las islas.
