Un dictamen emitido por la Fiscalía Federal N°2 de La Plata, en el marco de la causa iniciada por Ian Moche contra Javier Milei, puede tener implicancias directas en la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $Libra. La resolución judicial desestima el argumento esgrimido por el Presidente, quien sostiene que sus publicaciones en redes sociales son a título personal y no como funcionario público.
El eje del conflicto se remonta a principios de junio, cuando el mandatario replicó desde su cuenta oficial de la red “X” (ex Twitter) un mensaje de un usuario que atacaba a Moche, un niño de 12 años que milita por la concientización sobre el trastorno del espectro autista. El posteo cuestionaba al periodista Paulino Rodríguez por “invitar a un nene con autismo para que opere contra el gobierno” y lo vinculaba con “una familia ultrakirchnerista”. Milei no solo compartió el mensaje, sino que agregó: “Paulino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas, no falla”.
A raíz de ese ataque, Ian Moche y su familia promovieron una acción judicial para que el Presidente elimine el posteo y se disculpe públicamente. La causa recayó en la justicia federal platense, y el abogado patrocinante, Andrés Gil Domínguez, subrayó que el dictamen fiscal en este caso podría afectar también el rumbo de la causa por la criptomoneda $Libra, otra de las investigaciones que enfrenta Milei.
Según explicó Gil Domínguez, el fiscal federal Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó que la causa tiene competencia federal por tratarse de expresiones realizadas desde una cuenta oficial identificada con la tilde gris, una verificación que la red X reserva exclusivamente para “individuos del gobierno a nivel nacional: jefes de Estado, monarcas, primeros ministros, sus adjuntos y cónyuges”.
En otras palabras, la justicia consideró que el Presidente no actúa en su carácter de ciudadano común al utilizar esa cuenta, sino como titular del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, sus publicaciones en la red social no pueden desligarse de su investidura institucional, y el fuero competente debe ser el federal.
Esta interpretación tiene repercusiones directas sobre la causa $Libra, donde Milei también intenta justificar sus intervenciones públicas como manifestaciones personales. Sin embargo, el reconocimiento de que se comunica como Presidente de la Nación, y no como individuo privado, refuerza el marco legal que permite avanzar con las investigaciones en el ámbito federal.
El juez federal de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, avaló la postura del fiscal y ordenó notificar a Milei en su carácter de Presidente de la Nación. Le concedió un plazo de cinco días para responder a la demanda.
“Todavía está a tiempo de borrar el posteo y pedir disculpas”, expresó Gil Domínguez, dejando abierta la posibilidad de una salida menos confrontativa, aunque con escasas señales desde el oficialismo de que eso vaya a ocurrir.
Más allá del caso puntual de Ian Moche, la resolución sienta un precedente sobre la responsabilidad institucional de los funcionarios en redes sociales, un tema cada vez más relevante en la escena política nacional. Para los lectores de La Plata, resulta especialmente significativo el rol de la justicia federal local en un expediente que, por sus características, excede lo simbólico y puede condicionar futuras decisiones judiciales en causas vinculadas con el accionar del Presidente.
