El peronismo bonaerense le pone el cuerpo a una de las medidas más sensibles del ajuste nacional: la eliminación del subsidio al gas para 94 municipios y cinco millones de habitantes. La protesta ya tiene fecha, forma y cara política.
El invierno todavía no arrancó oficialmente y el gas ya es una batalla. Intendentes, concejales y legisladores nacionales de Fuerza Patria acordaron convocar a un «frazadazo» en las puertas del Senado de la Nación para el día que se trate el proyecto de ley que reduce el régimen de la Zona Fría y deja afuera a 94 distritos de la provincia, lo que implicaría una suba de hasta el 100% en las tarifas de gas para cinco millones de bonaerenses.
La respuesta no llegó desde La Plata ni desde el conurbano. Llegó desde la costa.
La reunión en Gesell y el documento conjunto
La movida comenzó a gestarse en Villa Gesell, que pertenece a la quinta sección electoral —una de las más afectadas—, donde se reunieron intendentes, concejales y diputados nacionales convocados por el intendente anfitrión Gustavo Barrera y consensuaron un documento para rechazar de manera tajante los cambios en la Zona Fría que impulsa el gobierno de Javier Milei y que ya tuvieron media sanción en Diputados.
Entre las medidas acordadas figuran la realización del «frazadazo» frente a la Cámara alta el día que el proyecto llegue al recinto y una campaña de recolección de firmas en los municipios afectados.
Al encuentro llegaron dirigentes de General Pueyrredón, Tandil, General Madariaga, Balcarce, Maipú, Lobería, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita y Necochea, entre otros distritos. Un mapa que habla por sí solo: la quinta sección electoral, el cordón costero y el interior bonaerense son los que más pierden si la ley avanza.
Qué dice la letra chica del proyecto
Los números del proyecto son concretos y duros. La modificación promovida por el oficialismo nacional implica volver al esquema original de 2002, dejando afuera a buena parte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, que habían sido incorporadas en la ampliación de 2021. De concretarse, unos 1,3 millones de hogares bonaerenses —lo que impactaría en cinco millones de habitantes— perderían el subsidio y sufrirían aumentos de entre el 40% y el 100% en las facturas de gas.
En el documento conjunto, los dirigentes calificaron la iniciativa como «una decisión profundamente injusta, insensible y centralista» y advirtieron que el impacto sobre las economías regionales sería «catastrófico».
La frase que más circuló en las redes tras el encuentro sintetiza bien el argumento: «El aumento golpearía a cada familia puertas adentro, pero también al almacén, al hotel, al club, al centro de jubilados, al comercio de barrio y a cada economía local.»
El caso Gesell: 7.000 hogares ya no llegan
Barrera fue el que puso cifras locales sobre la mesa. En Villa Gesell existen unos 12.000 medidores de gas y más de 7.000 hogares ya presentan dificultades para afrontar el pago de las facturas, con deudas acumuladas y avisos de corte. «Si a esto se le suma un incremento mayor a la tarifa, va a ser catastrófico. La situación es realmente preocupante. Hay aumentos constantes y muchas familias ya no llegan», afirmó.
El dato importa porque no es una proyección. Es la foto actual, antes de que la ley entre en vigor.
Pulti y la advertencia desde Mar del Plata
El concejal marplatense Gustavo Pulti sostuvo que «la Zona Fría no se defiende sola» y llamó a ampliar la campaña de rechazo en toda la provincia. Su mensaje fue directo: «Hay que unir fuerzas, todas las ciudades, para defender esto que es un derecho bien ganado porque está relacionado con el clima que en verdad tenemos, no es un privilegio y el presidente Milei nos lo quiere quitar.»
La participación de referentes marplatenses tiene un peso adicional: Mar del Plata es uno de los distritos donde La Libertad Avanza tiene mejor imagen. Que dirigentes locales del peronismo levanten esta bandera ahí es también una apuesta política.
La Provincia no descarta ir a la Justicia
La avanzada de los intendentes se encuadra en una ofensiva más amplia. El gobernador Axel Kicillof, desde el distrito de Tornquist, advirtió que el proyecto afectará a cinco millones de bonaerenses y podría generar subas de hasta el 100% en las tarifas de gas, y calificó la medida como «un acto más de crueldad e insensibilidad».
Pero el dato más relevante es otro. El gobierno bonaerense no descarta presentar un amparo judicial contra la reforma a la ley de Zona Fría, por entender que la Nación se está interponiendo en una facultad que tiene la Provincia de fijar las tarifas. Esa posibilidad recién se activaría una vez que el proyecto obtenga sanción definitiva en el Senado y sea promulgada por el Ejecutivo nacional.
Es decir: la pelea tiene tres frentes abiertos simultáneamente. El territorial —el frazadazo—, el legislativo —frenar la sanción en el Senado— y el judicial, como última trinchera.
El impacto en La Plata y el Gran La Plata
La capital provincial no figura entre los distritos que encabezaron la reunión en Gesell, pero está directamente involucrada. La Plata, Berisso y Ensenada forman parte de los 94 municipios bonaerenses que quedarían afuera del régimen si la ley prospera. Para miles de familias del Gran La Plata —con inviernos fríos, húmedos y prolongados— un aumento del 40% al 100% en la factura de gas no es una abstracción tarifaria: es una decisión que obliga a elegir entre el gas y otras necesidades básicas.
Presión pública
La suerte de la ley depende ahora del Senado. Si avanza, la Provincia tiene preparado el recurso judicial, aunque esa instancia implicaría meses de litigio mientras los aumentos ya estarían aplicados. El «frazadazo» frente al Congreso apunta a instalar presión pública antes de la votación. Lo que está en juego no es solo el subsidio al gas: es quién se hace cargo políticamente del costo de vida de cinco millones de bonaerenses en pleno invierno y en año electoral.
