La propuesta incluye suba salarial, mejoras en becas, funcionamiento y hospitales. Pero está condicionada a que las universidades retiren la demanda judicial. Los rectores se niegan. Y en la UNLP los paros siguen.
El Gobierno llegó a la mesa de negociación con las universidades con una oferta concreta. Propuso una recomposición salarial del 24,3% para docentes y no docentes, distribuida en dos tramos: 21,3% en junio y 3% en octubre. Sumó también un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, $50.000 millones para hospitales universitarios y un 50% de suba para las becas Manuel Belgrano, que estaban congeladas.
Sin embargo, la propuesta tiene una condición. El Gobierno exige que las universidades retiren la demanda judicial que tienen activa en la Corte Suprema por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los rectores dicen que no.
Por qué el Gobierno quiere cerrar esto rápido
La motivación oficial no es educativa. Es fiscal. Si la Corte Suprema falla en contra del Ejecutivo, el Estado deberá desembolsar una cifra que las estimaciones ubican en torno a los 2,5 billones de pesos. Eso es lo que está en juego detrás de la negociación.
Por eso el Gobierno quiere un acuerdo antes de que el máximo tribunal se expida. Además, analiza mecanismos legales para garantizar que los rectores suspendan las acciones judiciales una vez que se concreten las transferencias. La lógica es comprar la paz con fondos para evitar una derrota que sería mucho más cara.
La historia de la ley que el Gobierno vetó y el Congreso sostuvo
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso con el objetivo de actualizar automáticamente presupuestos, salarios y becas según la inflación. Milei la vetó. El Parlamento ratificó la ley. Luego la Justicia dictó fallos favorables a las universidades y emitió una cautelar que obligaba al Estado a cumplirla.
El Ejecutivo presentó un recurso extraordinario. La cautelar quedó suspendida. Ahora el expediente espera resolución en la Corte Suprema, sin plazo definido. Ese es el punto de tensión que explica todo el escenario actual.
La postura de las universidades
El Consejo Interuniversitario Nacional, encabezado por el rector de la UNR Franco Bartolacci, no está dispuesto a ceder en el plano judicial. La posición es clara: la demanda funciona como garantía de cumplimiento. Retirarla equivale a renunciar al reclamo por una ley vigente.
Desde el CIN también advierten que la propuesta económica no compensa las pérdidas acumuladas desde 2023. El sistema universitario perdió el 45,6% de su poder adquisitivo real desde que arrancó la gestión Milei.
Además, los gremios desconfían de las tratativas informales. Desde CONADU reclamaron que el Gobierno convoque formalmente a paritaria. «El Gobierno es un interlocutor muy escurridizo», dijeron. Y exigen que cualquier acuerdo incluya una instancia paritaria real con las organizaciones sindicales, no solo un entendimiento entre rectores y funcionarios.
Qué pasa mientras tanto en la UNLP
El conflicto no es abstracto para los vecinos de La Plata. Los nodocentes de la UNLP llevan varias semanas de plan de lucha. Esta semana sumaron otras 48 horas de paro. El primer cuatrimestre del año ya quedó muy afectado. Si la negociación no se resuelve antes del inicio del segundo semestre, el impacto se profundizará.
La conversación entre el Gobierno y las universidades continúa abierta. Pero mientras no se resuelva el nudo judicial, el acuerdo no existe. Y en la UNLP, los estudiantes y docentes siguen pagando el costo de esa espera.
