La Municipalidad de La Plata anunció este martes la apertura de una instancia de «información y oposición pública» sobre el proyecto de restauración del Parque Saavedra.
El gesto llega, sin embargo, en un momento preciso: después de que vecinos autoconvocados presentaran un recurso de amparo para frenar las obras, después de la asamblea que reunió firmas en 12 y 65, y después de que siete concejales de La Libertad Avanza le pidieran explicaciones al Ejecutivo. En otras palabras, la consulta que no se hizo antes de licitar llega ahora, cuando el conflicto ya está judicializado.
Desde este martes y por una semana, el sitio oficial www.laplata.gob.ar publicará el detalle completo del proyecto y el informe de impacto ambiental. Luego, a partir de la semana siguiente, se abrirán otros siete días para que los vecinos con domicilio en la ciudad puedan completar un formulario con sus objeciones, dudas o posiciones. «Se trata de una propuesta de participación que iguala, porque todos aquellos que tengan domicilio en la ciudad podrán informarse y opinar por igual», dijeron desde la Comuna.
El amparo que aceleró los tiempos
El jueves pasado, vecinos de la zona presentaron un recurso de amparo ante la Justicia para frenar el avance del proyecto. El escrito, firmado por el abogado Carlos Javier Ontivero, sostiene que las obras «atentan contra el medio ambiente» y comprometen «árboles, especies vegetales, canteros y superficies absorbentes existentes» en el predio del parque. Además, el letrado solicitó una medida cautelar de «no innovar» con efecto suspensivo para detener provisoriamente los trabajos mientras la Justicia analiza el planteo de fondo.
En consecuencia, el Municipio tiene ahora dos frentes abiertos: el vecinal, con firmas y movilización, y el judicial, con una cautelar pendiente que podría paralizar el inicio de obra previsto para junio. Por lo tanto, la consulta pública no es solo un gesto de diálogo, sino también una herramienta para demostrar que el proyecto tiene sustento técnico y participación ciudadana, de cara a lo que pueda resolver el juez.
Qué dice el informe de impacto ambiental
Según los datos publicados junto al anuncio, la obra demandará una inversión de $5.152.870.888 y tendrá un plazo de ejecución de 180 días. La intervención permitirá ampliar el espacio verde público en 14.608 m² mediante la reducción de carriles vehiculares perimetrales.
En cuanto a la circulación —el punto más sensible del conflicto—, el informe precisa que las calles 12, 14 y 64 pasarán a tener una sola mano de circulación, con dos carriles de tránsito y uno destinado al estacionamiento. La avenida 68, en cambio, mantendrá el doble sentido. Asimismo, se prohibirá el giro a la izquierda en los laterales del parque.
Además, frente al Hospital de Niños Sor María Ludovica se ampliarán las dársenas sobre calle 14 para facilitar el acceso de ambulancias y la circulación de personas en silla de ruedas, familias con cochecitos y niños pequeños. Durante la ejecución, se garantizará un corredor libre de 3,5 metros sobre esa calle para mantener el acceso de emergencias las 24 horas.
La participación que llegó tarde
No obstante, el reclamo de fondo de los vecinos no es técnico: es de proceso. Desde el primer momento, la crítica central de los autoconvocados fue que la licitación se adjudicó sin ninguna instancia de consulta previa. Así, la Municipalidad diseñó el proyecto, lo licitó y confirmó el inicio de obra sin convocar a quienes viven en el barrio, que se enteraron una vez que las decisiones ya estaban tomadas.
Por otro lado, el informe de impacto ambiental —que recién ahora se hace público— es justamente el documento que los concejales de La Libertad Avanza pedían en su presentación al Deliberante. De hecho, la información técnica que el Municipio hoy ofrece como base de la consulta es la misma que los vecinos y la oposición venían exigiendo desde semanas atrás.
En ese marco, la pregunta que queda abierta es si una consulta lanzada después del amparo, con la obra a punto de comenzar, tiene capacidad real de modificar el proyecto o si se trata, en cambio, de un mecanismo para legitimar decisiones ya tomadas.
