Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste sobre el Estado y los salarios públicos, el Presupuesto 2027 distribuye beneficios fiscales entre empresas vinculadas al círculo de poder. En paralelo, escándalos de corrupción sacuden a la Armada y al ENACOM. De esta manera, el ajuste y la corrupción en el gobierno Milei conviven en el mismo proyecto que el Congreso deberá debatir.
Regalos escondidos en el Presupuesto para amigos del ministro
El proyecto de Presupuesto 2027 incluyó en el artículo 65 un beneficio impositivo para las centrales eléctricas Guillermo Brown y Vuelta de Obligado. Por su parte, el año pasado el artículo 66 del Presupuesto 2026 había aplicado el mismo tratamiento a las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín. En ese marco, la empresa Central Puerto aparece directamente beneficiada en tres de las cuatro centrales involucradas.
El vínculo no es menor. Central Puerto controla el 55,9 por ciento de Vuelta de Obligado y tiene participación en Manuel Belgrano y San Martín. Además, la empresa fue históricamente asociada al primo del ministro de Economía. En ese contexto, el mecanismo — que trata las transferencias de activos como «reorganizaciones empresarias» — evitaría un costo fiscal estimado en más de 100 millones de dólares por central.
La secuencia revela el modus operandi. En julio, la sociedad controlada por Central Puerto reformó su estatuto. Dos meses después, el Presupuesto 2027 incorporó el beneficio que le aplana el camino. Así, los activos construidos con fondos públicos quedan listos para ser privatizados sin la carga tributaria ordinaria.
Beneficios para concesionarios de rutas y una trampa para gobernadores
También el artículo 67 del Presupuesto desató polémica. El texto otorga beneficios en IVA, Ganancias e Impuesto al Cheque a los concesionarios de rutas nacionales, incluyendo a empresas que ya tienen contratos vigentes. Sin embargo, esas firmas ganaron sus licitaciones con reglas distintas: implícitamente, el gobierno les modifica los pliegos a favor.
El mecanismo tiene además una trampa dirigida a los gobernadores. Las provincias deberán adherir y eximir a las concesionarias del Impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos para que sus empresas accedan a los beneficios nacionales. De este modo, el gobierno coloca a los empresarios como correa de transmisión para presionar a los distritos, a costa de la recaudación provincial.
Por otro lado, uno de los principales concesionarios de rutas arrastra diez causas judiciales, entre ellas su presencia en los llamados Cuadernos de la corrupción. El propio Milei firmó un decreto que prohíbe contratar empresas involucradas en sobornos. Sin embargo, en este caso el gobierno miró hacia otro lado.
Fondos para inundaciones que van a la timba financiera
Mientras el fenómeno climático «Súper Niño» se aproxima y el campo reclama obras hídricas urgentes, el Presupuesto 2027 proyecta desviar 113.130 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Hídrica a «operaciones financieras». En tanto, ese monto representa más del 22 por ciento de lo que el Estado prevé recaudar para ese fin con el Impuesto a los Combustibles.
El desvío no es nuevo. En el ejercicio actual, el grueso del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica — más de 303.000 millones de pesos — está colocado en Letras del Tesoro. Asimismo, casi 47.000 millones permanecen inmovilizados en un plazo fijo. Por lo tanto, el dinero que la ley destina a obras de prevención de inundaciones se usa, en cambio, para maquillar el superávit fiscal.
Desde el Consejo del Salado — que integran la Sociedad Rural Argentina, Carbap, Coninagro, Federación Agraria y la Unión Industrial Argentina — denuncian esta práctica desde hace más de un año. En ese marco, la senadora bonaerense del bloque Hechos advirtió que «demorar o desviar estos fondos frente a una emergencia anunciada es una omisión imperdonable».
Un funcionario indemnizado y recontratado al día siguiente
En medio del ajuste sobre el empleo público, el gobierno cobró otra contradicción. Un subdirector del ENACOM acordó un retiro voluntario y cobró una indemnización de 110 millones de pesos. Sin embargo, al día siguiente comenzó a trabajar en el INTA con un cargo gerencial.
Los plazos revelan la maniobra. Los trámites para ingresar al nuevo empleo comenzaron 23 días antes de que el funcionario se desvinculara de su cargo anterior. De esta manera, el Estado pagó la indemnización y sostuvo el cargo en forma simultánea. «Tiene que haber arreglado con alguien muy pesado. Huele a tongo», admitió a la prensa un experimentado funcionario.
Sobresueldos en la Armada por 1.600 millones
También la Armada quedó envuelta en un escándalo de corrupción interna. Oficiales del área de liquidaciones habrían desviado fondos por más de 1.600 millones de pesos a cuentas de personal propio. Además, la maniobra incluyó irregularidades en suplementos y horas extras del personal civil.
El esquema consistió en mantener liquidaciones de sueldos después de la desvinculación de personal y redirigir esos fondos. Se calcula que cerca de 50 personas estuvieron involucradas y que los responsables se quedaron con la mitad de cada liquidación. En tanto, una fuente naval alertó que la investigación interna «quiere ocultar el hecho de corrupción, que podría escalar e involucrar hasta la conducción misma de la fuerza».
El patrón que la casta prometió terminar
Los cinco escándalos de esta semana no son episodios aislados. En conjunto, dibujan un patrón: el Estado reduce gastos en servicios, salarios y obras, pero sostiene circuitos de privilegio para empresas conectadas al poder y tolera el desvío interno de recursos. De este modo, el ajuste y la corrupción en el gobierno Milei no se contradicen. Por el contrario, conviven y se retroalimentan.
