El gobernador Axel Kicillof oficializó este lunes el cierre definitivo del convenio que la provincia de Buenos Aires mantenía con el Estado nacional para administrar las compensaciones tarifarias al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida quedó plasmada en el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, y consolida la decisión de asumir plenamente el manejo del sistema de subsidios para todas las líneas de jurisdicción provincial y municipal — entre ellas, las que circulan por La Plata y el Gran Buenos Aires.
Siete años de convenio y diez prórrogas: el esquema que ya no existe
El acuerdo que ahora se cierra había sido firmado en diciembre de 2018, en el marco del Consenso Fiscal alcanzado entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires durante la presidencia de Mauricio Macri. Bajo ese mecanismo, el Ministerio de Transporte de la Nación era quien calculaba mensualmente las compensaciones tarifarias que debían recibir las empresas, mientras que la Provincia se encargaba de distribuir esos fondos entre las prestatarias que operaban en territorio bonaerense.
El sistema funcionó durante siete años y fue prorrogado en diez oportunidades. La última extensión lo llevó hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de allí, la Provincia empezó a moverse por su propia cuenta.
El nuevo régimen propio y el Acta de Cierre
El punto de quiebre llegó con la creación, mediante el Decreto 3231/25, del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA — un sistema diseñado íntegramente por la administración bonaerense para reemplazar la asistencia técnica que hasta entonces brindaba la Nación. Según sostiene el propio decreto, esa decisión volvió «innecesaria» la continuidad del convenio de 2018.
El Acta de Cierre fue firmada el 7 de marzo de este año. Con ella, ambas administraciones declararon cumplidas todas las obligaciones derivadas del convenio y dieron por terminada la cooperación institucional para el cálculo, la liquidación y la distribución de los subsidios al transporte, así como las tareas vinculadas al Atributo Social de la tarjeta SUBE y las compensaciones por gasoil diferencial.
La lectura política: un paso más en la pelea con la Casa Rosada
Aunque el Gobierno bonaerense presenta la medida como la conclusión administrativa de un acuerdo que ya había cumplido su objetivo, el decreto tiene una carga política evidente. Desde la llegada de Milei al poder, Kicillof denunció en reiteradas oportunidades la reducción de transferencias nacionales, el recorte de subsidios y la eliminación de mecanismos de financiamiento en áreas sensibles como el transporte y la obra pública.
En ese contexto, el cierre del convenio trasciende lo burocrático. El decreto oficializa que la Provincia ya no necesita la intervención técnica del Estado nacional para determinar y distribuir las compensaciones destinadas a las empresas de transporte. Es, en la práctica, una declaración de independencia administrativa en uno de los sectores donde más se profundizó el conflicto entre ambos gobiernos.
La decisión suma un nuevo capítulo al enfrentamiento por el control del financiamiento del transporte en el AMBA y refuerza la estrategia de Kicillof de administrar con herramientas propias un sistema que durante años dependió de la articulación con la Nación. En plena disputa por los recursos federales y con el año electoral ya en el horizonte, el decreto llega cargado de significado político más allá de su contenido técnico.
