El gobernador cerró la etapa de diálogo ante la Corte Suprema luego de que el Gobierno nacional volviera a llegar sin propuesta. La Provincia pedirá una cautelar y advierte que el monto total adeudado supera los $22 billones.
Dos años de silencio oficial y tres audiencias fallidas. Eso fue suficiente para que Axel Kicillof cerrara este miércoles la puerta de la conciliación y anunciara que la Provincia de Buenos Aires avanzará por la vía judicial para cobrar los fondos previsionales que la ANSES le debe desde que asumió el gobierno de Javier Milei.
La definición llegó tras la tercera audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia. El Ejecutivo nacional se había comprometido en la reunión anterior a presentar una propuesta de adelantos para cubrir parcialmente el déficit de la caja previsional bonaerense. No la trajo.
”Nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos”, señaló Kicillof a la salida del tribunal. La respuesta fue el cierre formal de la etapa de conciliación y el anuncio de una medida cautelar.
$2,3 billones en juego — y una cifra mucho mayor de fondo
La demanda provincial reclama más de $2,3 billones en transferencias previsionales adeudadas por ANSES, correspondientes a la compensación del déficit de la caja de jubilados bonaerense, un sistema que nunca fue transferido a la Nación y que el Estado nacional tiene obligación de sostener por normativa vigente.
Pero Kicillof fue más lejos: el monto total que Buenos Aires dejó de percibir —sumando deudas e impacto de las políticas nacionales— supera los $22 billones. «Eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia», precisó el gobernador.
La cifra no es menor para La Plata y el Gran La Plata. La Provincia financia con recursos propios una parte significativa del sistema previsional bonaerense, lo que impacta directamente en la disponibilidad de fondos para obra pública, salud, educación y transferencias a los municipios.
El agravio político: otras provincias cobran, Buenos Aires no
Kicillof apuntó a una desigualdad que no es accidental. Mientras el Gobierno nacional transfirió adelantos a otras jurisdicciones, la provincia más grande del país sigue esperando.** «Si bien a algunas jurisdicciones ya le han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires”**, afirmó, y añadió: *”Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”*.
La lectura política es directa: el superávit fiscal que Milei exhibe como victoria de gestión se sostiene, en parte, sobre fondos que legalmente les corresponden a otras administraciones.
El equipo bonaerense ante la Corte
Del lado de la Provincia participaron de la audiencia el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la presidenta del IPS, Marina Moretti; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Facundo Bocco Proietti.
La cautelar buscaría asegurar el flujo de fondos mientras continúan las auditorías técnicas y el litigio de fondo. La instancia conciliatoria queda abierta sólo en lo formal —el intercambio de información entre las partes seguirá— pero el eje del conflicto se traslada a la arena judicial.
Capítulo judicial
Con la cautelar como próximo paso, el caso ingresa en una fase más tensa. Si la Corte la admite, el Gobierno nacional podría verse obligado a transferir fondos de manera provisoria mientras el juicio avanza. Es un escenario que Milei querrá evitar a toda costa, especialmente en un año en que el equilibrio fiscal es la bandera central de su campaña para las legislativas de octubre. El conflicto Nación-Provincia tiene, ahora, un nuevo capítulo judicial.
