La administración bonaerense atraviesa semanas de tensión creciente en múltiples frentes simultáneos. Médicos platenses, docentes y empleados estatales reclaman al mismo tiempo, mientras la Provincia intenta sostener el discurso de un ajuste nacional que la obliga a cubrir baches que antes resolvía Nación.
IOMA, otra vez al límite
La Agremiación Médica Platense (AMP) volvió a advertir que podría cortar la cobertura a los afiliados de IOMA si no se regularizan los pagos pendientes. La deuda por prestaciones de internación ronda los 500 millones de pesos, que sumados a una mora histórica por gastos administrativos llega a los 900 millones.
Según la entidad, los médicos siguen atendiendo pacientes, haciendo cirugías y garantizando el funcionamiento de clínicas sin cobrar por esos servicios desde hace meses. La AMP asegura haber agotado las instancias de diálogo con las autoridades de IOMA, el ministro de Salud Nicolás Kreplak y el propio gobernador Axel Kicillof, sin obtener respuestas. El conflicto, advierten, podría afectar a unos 300 mil afiliados en la ciudad.
Paritarias congeladas y paro docente
En paralelo, los gremios estatales —que incluyen a docentes, judiciales, médicos y policías— no recibieron ninguna oferta de aumento salarial este mes. El último acuerdo, que estipuló una suba del 9,3% en cuotas, venció en mayo, y el gobierno no convocó a una nueva reunión a tiempo para que el incremento impactara en los sueldos de junio.
Desde las centrales sindicales hablan de «inquietud» y «malestar», ya que esperaban una convocatoria con oferta concreta antes del cierre de la liquidación. Los ministros de Economía y Trabajo, Pablo López y Walter Correa, atribuyeron la falta de propuesta a una situación fiscal compleja, condicionada por los recortes de fondos nacionales.
En ese marco, sectores de Suteba Multicolor lanzaron un paro docente que afectó este jueves a escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada, con el reclamo de un salario básico de 1.500.000 pesos para los cargos de menor categoría, además de pedidos de mejoras edilicias y mayor financiamiento educativo.
El otro lado de la moneda: refuerzo de programas sociales
Mientras los frentes gremiales se multiplican, la Provincia decidió reforzar su política de contención social. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, actualizó los montos de los programas Barrios Bonaerenses y Envión, con una inversión combinada de 48.443 millones de pesos.
La medida llega después de que organizaciones del Frente de Lucha Piquetero se movilizaran frente al ministerio reclamando una ampliación de la asistencia estatal. El gobierno bonaerense intenta así combinar la contención de la conflictividad social con un relato político que responsabiliza al ajuste nacional por el deterioro de las condiciones de vida.
Un equilibrio cada vez más difícil de sostener
El cuadro general muestra una gestión provincial que negocia en simultáneo con médicos, docentes y estatales, mientras redobla la inversión en asistencia social para contener el malestar en los barrios. La estrategia de Kicillof busca diferenciarse del gobierno nacional, pero la acumulación de reclamos sin resolver —sumada a la falta de margen fiscal— empieza a tensionar la gobernabilidad cotidiana de la administración bonaerense.
Por lo pronto, ni IOMA ni las paritarias muestran señales de resolución inmediata, y el frente social continúa demandando más recursos en un contexto de ingresos deteriorados.
