El conflicto paritario en la Provincia de Buenos Aires dejó de ser un trámite administrativo para convertirse en un problema político de primera línea para Axel Kicillof. Con docentes, estatales y judiciales alineados en su reclamo salarial, el gobernador enfrenta un escenario poco habitual en su gestión: aliados históricos que endurecen posiciones y marcan límites concretos a la estrategia económica del Ejecutivo.
La pulseada se da en un momento sensible. El inicio del ciclo lectivo está a la vuelta de la esquina y el calendario juega a favor de los gremios, que saben que el tiempo es una variable de presión clave. Para el Gobierno bonaerense, en cambio, cada día sin acuerdo achica el margen de maniobra y expone las dificultades financieras de la Provincia.
Aliados que ahora exigen
El dato político no es menor: buena parte de los sindicatos que hoy empujan una mejora salarial forman parte del entramado gremial que acompañó a Kicillof en los momentos más complejos de su gestión. ATE y SUTEBA, dentro de la CTA, y UPCN, con peso propio en la CGT, no solo reclaman como sindicatos, sino también como actores con incidencia en el armado político del oficialismo bonaerense.
Ese respaldo, clave para la construcción del espacio que el gobernador proyecta hacia 2027, hoy aparece condicionado por una demanda concreta: recomponer el salario frente a una inflación que volvió a correr por delante de los ingresos. La presión no es retórica. Los gremios ya dejaron claro que esperan una nueva propuesta en lo inmediato y que no están dispuestos a estirar indefinidamente la negociación.
El límite de la caja
Del lado del Ejecutivo, la respuesta tiene una sola explicación: números. La Provincia arrastra una estructura financiera ajustada, con menor flujo de fondos nacionales y un presupuesto 2026 atravesado por la austeridad. En ese contexto, cada punto porcentual de aumento salarial impacta de lleno en las cuentas públicas.
Kicillof enfrenta así un dilema clásico pero amplificado: ceder para sostener la gobernabilidad interna o sostener la rigidez fiscal con el riesgo de escalar el conflicto. La apuesta del Gobierno fue, hasta ahora, ganar tiempo. Pero esa estrategia empieza a mostrar desgaste frente a gremios que ya advierten que la pérdida salarial acumulada no admite más dilaciones.
La presión sube y el calendario aprieta
El reclamo de una nueva convocatoria antes del viernes no es casual. Los sindicatos buscan que cualquier mejora se refleje en los sueldos de enero y, al mismo tiempo, enviar una señal política: la negociación no puede quedar empantanada. La falta de una respuesta rápida expone al Ejecutivo a un escenario de mayor desgaste, justo cuando necesita ordenar el frente interno.
En La Plata, donde el impacto de un conflicto docente se siente con fuerza en miles de familias y trabajadores, el tema empieza a ganar centralidad. No se trata solo del salario, sino del funcionamiento cotidiano del Estado provincial y de los servicios básicos que dependen de estos sectores.
Un test político para el gobernador
La paritaria se convirtió, así, en una prueba de conducción para Kicillof. Resolver el conflicto sin romper puentes con los gremios ni comprometer el equilibrio fiscal será clave para sostener su liderazgo dentro del oficialismo bonaerense. El desenlace marcará no solo el clima del primer trimestre, sino también el tono de la relación con los sindicatos en un año que se proyecta largo y exigente.
Por ahora, el mensaje gremial es claro y el margen del Gobierno es cada vez más estrecho. El resultado de esta pulseada definirá mucho más que un porcentaje salarial.
