El bloque oficialista no se presentó a la reunión de comisión donde se debatía cómo distribuir los recursos del endeudamiento provincial. La oposición quiere darle poder a una bicameral; el Ejecutivo, no. Y el Senado, paralizado por la interna peronista, complica todo.
La reunión estaba convocada para este miércoles en Diputados bonaerense. El objetivo era avanzar con el proyecto que regula el reparto de fondos municipales surgidos del endeudamiento provincial aprobado a fines de 2025. Pero a la sala 30 del Palacio Legislativo llegaron apenas tres legisladores —ninguno del bloque oficialista Fuerza Patria— y la comisión se cayó antes de empezar. Se reprograma para el jueves, aunque el problema de fondo sigue sin resolverse.
Qué está en juego
A fines del año pasado, la Legislatura autorizó al gobernador Axel Kicillof a endeudarse. De esos fondos, el 8% estaba destinado a los municipios. La discusión de ahora es cómo llega ese dinero a los distritos y quién controla el proceso.
Los intendentes son directos: quieren el 100% de libre disponibilidad para poder pagar sueldos. La situación fiscal de varios municipios bonaerenses —incluyendo algunos del Gran La Plata— no da para muchos lujos.
La oposición —PRO y UCR— coincide con la demanda de los intendentes en ese punto, pero le mete una vuelta de tuerca: propone que una comisión bicameral tenga la potestad de autorizar los pagos correspondientes al 30% de esos fondos. Básicamente, un mecanismo de control legislativo sobre los giros provinciales.
Por qué Kicillof dice que no
El Ejecutivo rechaza esa arquitectura. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, lo planteó sin rodeos el lunes: prefieren que los fondos se distribuyan por el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el mismo índice automático por el que llega la coparticipación provincial. Sin bicameral que autorice, sin intermediación legislativa.
La lectura política es clara: Kicillof no quiere cederle a la Legislatura —donde no tiene mayoría propia cómoda— la llave de los giros a los municipios. Una bicameral con facultad de «autorizar pagos» es, en la práctica, un veto legislativo periódico sobre decisiones del Ejecutivo provincial.
Las negociaciones con la Legislatura las llevan habitualmente la secretaria general de Gobierno, Agustina Vila, y el diputado provincial Mariano Cascallares, intendente con licencia de Almirante Brown.
El problema en el Senado
Hay otro factor que hizo descarrilar la reunión del miércoles y que tiene nombre propio: el Senado bonaerense todavía no designó a sus representantes para integrar la comisión bicameral. Sin esos cargos definidos, el órgano no puede funcionar aunque Diputados apruebe el proyecto.
El trasfondo es la interna del peronismo en la Cámara alta, que le complica la vida a la vicegobernadora Verónica Magario. La integración de comisiones apenas se resolvió en la última semana de mayo. «Es un problema que tenemos», admitió una voz del oficialismo. Una frase que resume bastante.
El tiempo apremia
El Ejecutivo ya hizo el primer desembolso a los municipios en abril. El siguiente pago está pautado para agosto. Los intendentes miran el calendario con ansiedad: necesitan esa plata, principalmente para la masa salarial.
Si la Legislatura no resuelve el marco legal antes de agosto, la Provincia tendrá que decidir si espera o si desembolsa igual —asumiendo el costo político de hacerlo sin aval legislativo—. Ninguna de las dos opciones es cómoda.
Con el bloque del PRO proponiendo distribuir el 30% por CUD combinado con los ingresos municipales del año pasado, y el peronismo con un anteproyecto propio en carpeta, el margen para un acuerdo existe. Pero la clave está en el Senado: sin que Magario ordene la interna y designe representantes para la bicameral, cualquier dictamen de Diputados llega a ninguna parte.
