La Provincia rechazó el nuevo sistema de revisión técnica vehicular impulsado por la Casa Rosada. El ministro de Milei respondió con una advertencia política que ya huele a 2027.
El debate por la VTV dejó de ser técnico. Este miércoles, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a cruzar al gobernador Axel Kicillof después de que la Provincia de Buenos Aires se negara a adherir al nuevo esquema nacional de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que habilita a talleres privados a realizar el trámite que hasta ahora era monopolio de los Estados provinciales.
La respuesta de Sturzenegger no fue técnica ni administrativa. Fue directamente política: «¿Dice Kicillof que va a multar a los conductores bonaerenses? Si es así, creo que será al revés: serán los conductores los que lo multen a él en las elecciones del año que viene.»
Y remató con la etiqueta ideológica que el oficialismo nacional repite como marca registrada: «De manual: todo gobierno peronista siempre está del lado de la casta y no de la gente.»
Qué cambió en la VTV y por qué la Provincia dice que no
El Gobierno nacional reglamentó la apertura del sistema de VTV a talleres privados, desarmando el esquema en el que las provincias —y sus concesionarios— controlaban de manera exclusiva el trámite y fijaban los precios. La nueva normativa establece que cualquier taller habilitado puede ofrecer la revisión técnica obligatoria, con precios libres y sin regulación estatal centralizada.
Para la administración Kicillof, eso es exactamente el problema. La Provincia rechazó el modelo argumentando que la desregulación tarifaria puede derivar en precios más altos para los usuarios, sin garantías de calidad ni control. Un argumento que Sturzenegger descartó de plano, encuadrando la postura provincial como defensa de intereses corporativos por encima del bolsillo de la gente.
El trasfondo: una disputa que llega a La Plata
Para los conductores del Gran La Plata —donde la VTV es un trámite recurrente y frecuentemente cuestionado por sus costos y demoras—, el debate tiene consecuencias concretas. Si la Provincia mantiene su sistema sin adherir al esquema nacional, los bonaerenses quedarán al margen de la posibilidad de elegir entre múltiples prestadores y precios competitivos, al menos por ahora.
El gobierno provincial deberá definir si sostiene la postura de rechazo, si negocia algún esquema de adecuación o si termina siendo el único distrito de peso que queda fuera del nuevo mapa de la RTO.
El juego electoral ya empezó
El cruce no es inocente ni casual. A poco más de un año de las elecciones legislativas de 2027, cada conflicto Nación-Provincia se convierte en un ensayo del relato de campaña. Sturzenegger lo hizo explícito: la VTV no es solo un debate sobre talleres y precios, es una oportunidad para instalar que Kicillof defiende estructuras del Estado —y sus operadores— en lugar de los ciudadanos.
Kicillof, por su parte, ya viene procesando un escenario electoral complejo, con tensiones internas del peronismo bonaerense que no terminan de resolverse. Que el Gobierno nacional elija este terreno para atacarlo sugiere que en Balcarce 50 lo ven como un flanco útil: difícil de defender y fácil de traducir en términos de «la política vs. la gente».
Si la disputa por la VTV escala —con multas cruzadas, usuarios atrapados en el medio y talleres privados habilitados a nivel nacional pero sin respaldo provincial—, el conflicto puede convertirse en un problema cotidiano para miles de bonaerenses y en un dolor de cabeza político para la gestión provincial de cara al año que viene.
