La central obrera y organizaciones eclesiásticas advirtieron que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada «atenta contra la soberanía argentina» al eliminar el límite del 15% para la compra de tierras rurales por extranjeros. El oficialismo, que ya sufrió tres intentos fallidos, negocia cambios de último momento en una reunión de labor parlamentaria clave este miércoles.
La reforma que impulsa Federico Sturzenegger volvió a chocar con un frente inesperado: la CGT y la Iglesia católica coincidieron en el rechazo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que elimina las restricciones vigentes para que extranjeros compren tierras rurales en la Argentina.
El Gobierno necesita destrabar el texto antes del 16 de julio, fecha en la que buscará llevarlo al recinto del Senado por cuarta vez.
Qué cambia con la reforma
Hoy, la Ley de Tierras impide que inversores extranjeros posean más del 15% del territorio nacional, provincial o municipal. El proyecto de Sturzenegger deroga ese tope y solo deja restricciones para los Estados extranjeros, con una excepción que el propio Poder Ejecutivo puede levantar si considera que no hay riesgo para la seguridad nacional.
El dictamen ya incorporó un cambio: para adquirir tierras rurales va a hacer falta una solicitud expresa de la provincia donde estén ubicadas, más la autorización del Ejecutivo nacional. Es una concesión a los gobernadores, pero no alcanzó para destrabar los votos.
El argumento de la CGT
En un comunicado titulado «La tierra no es una mercancía: es soberanía, trabajo y futuro para los argentinos y las argentinas», la central obrera pidió directamente a los senadores que rechacen el proyecto.
La CGT vinculó la reforma con la concentración global de poder económico en manos de grandes empresarios tecnológicos —sin nombrarlo, la referencia apunta a Peter Thiel— y advirtió que eliminar los límites de compra «significa entregar soberanía a quienes buscan apropiarse de minerales estratégicos, tierras cultivables, energía y agua».
La Iglesia sumó la Ley de Manejo del Fuego
Las organizaciones eclesiásticas —Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)— enviaron una carta abierta a los legisladores con el título «La tierra: madre, hermana y bien común». El texto sostiene que la iniciativa «atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse».
La Iglesia cuestionó también otro capítulo del proyecto: la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, que elimina la prohibición de treinta años para desarrollar emprendimientos inmobiliarios en tierras afectadas por incendios. Para las entidades religiosas, ese punto es tan sensible como la extranjerización.
Qué significa para la Provincia de Buenos Aires
La discusión no es abstracta para el territorio bonaerense. La cláusula que exige autorización provincial pone a Axel Kicillof en un lugar de decisión directa si el proyecto avanza: cualquier venta de tierras rurales en territorio de la Provincia va a necesitar el aval expreso de la Gobernación, algo que en la práctica convierte a la Casa de Gobierno de La Plata en un actor de veto sobre la aplicación real de la ley, más allá de lo que se resuelva en el Senado.
