El máximo tribunal ordenó al Gobierno nacional presentar el 10 de junio una propuesta concreta para saldar la deuda de $2,3 billones con Buenos Aires. Kicillof advierte que la crisis golpea de lleno a municipios y familias de la región.
La disputa por los fondos previsionales entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires entró en un punto crítico. La Corte Suprema de Justicia fijó como fecha límite el 10 de junio para que el Ministerio de Economía y la ANSES presenten un plan de pago por la deuda de $2,3 billones reclamada por el gobierno bonaerense.
El gobernador Axel Kicillof, acompañado por el ministro de Economía Pablo López y el asesor general de Gobierno Santiago Pérez Teruel, participaron de la audiencia en la que se discutió el incumplimiento de las transferencias a las cajas jubilatorias provinciales no traspasadas a la Nación. “Hace más de dos años que pedimos una propuesta concreta. Hoy logramos que la Corte obligue a la Nación a traerla”, señaló.
Una deuda que desborda el presupuesto
La Provincia acumula ocho demandas contra el Gobierno nacional que totalizan más de $15 billones, equivalente a un tercio del presupuesto bonaerense 2026. El reclamo incluye fondos para seguridad, transporte, salarios docentes, bosques nativos y el incumplimiento de acuerdos fiscales.
En La Plata y el Gran La Plata, el impacto es directo: municipios que dependen de transferencias nacionales para sostener servicios básicos enfrentan un escenario de asfixia financiera. La falta de recursos golpea a hospitales, escuelas y transporte público, mientras crece la presión sobre las arcas locales.
Tensiones políticas y económicas
Kicillof responsabilizó al Gobierno nacional por “cortar de cuajo” los envíos y profundizar la crisis social. La disputa no es solo contable: expone la tensión política entre Nación y Provincia en un año donde la discusión por el financiamiento educativo, el transporte y la seguridad atraviesa la agenda pública.
La presencia del Fiscal de Estado Hernán Gómez y de la titular del IPS Marina Moretti en la audiencia refuerza la estrategia bonaerense de mostrar unidad institucional frente a un conflicto que amenaza con paralizar áreas sensibles.
Si la Nación no presenta una propuesta el 10 de junio, la Corte podría avanzar en medidas más duras. En paralelo, los municipios del Gran La Plata se preparan para un invierno con menos recursos y mayor demanda social. El desenlace marcará el pulso de la relación política entre Kicillof y el Gobierno nacional, con consecuencias inmediatas en la vida cotidiana de los bonaerenses.
