El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 intimó al Gobierno nacional a cumplir con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco de la medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La resolución, firmada por el juez Martín Cormick, establece un plazo de cinco días para que el Poder Ejecutivo avance con las medidas previstas en la normativa, entre ellas la actualización de los salarios de docentes y nodocentes y la recomposición de las becas destinadas a estudiantes.
El conflicto judicial se suma al reclamo que mantienen las universidades nacionales y los gremios del sector por la aplicación de la Ley 27.795. Las organizaciones sindicales sostienen que los salarios universitarios acumularon una pérdida de poder adquisitivo y reclaman una recomposición. El Gobierno, por su parte, sostiene que hubo avances en materia salarial y de becas a partir de los acuerdos alcanzados durante el año.
La Justicia ya había rechazado a comienzos de septiembre un pedido del Poder Ejecutivo para dejar sin efecto la medida cautelar. En esa oportunidad, Cormick consideró que el Estado no había acreditado que las medidas adoptadas hubieran resuelto el deterioro de los ingresos y la situación salarial que había dado origen al planteo judicial.
Multas si el Gobierno no cumple
La nueva resolución establece que el Gobierno deberá cumplir con lo ordenado dentro de los cinco días. En caso de demora, el juzgado advirtió sobre la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de incumplimiento.
La disputa se produce mientras continúa el conflicto en las universidades. Los gremios docentes y nodocentes anunciaron nuevos paros nacionales para septiembre y una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias.
