Pese a la denuncia por presuntas coimas que provocó la salida de Jorge D’Onofrio del Ministerio de Transporte, la Justicia confirmó que los radares seguirán operativos. No se dictó ninguna cautelar que impida a la Provincia o a los municipios recaudar por infracciones.
En medio del escándalo por supuestas irregularidades en el sistema de fotomultas, la Justicia bonaerense ratificó este viernes que los radares de control de velocidad seguirán funcionando con normalidad en rutas y municipios de la provincia de Buenos Aires.
La resolución fue adoptada por el fiscal federal Álvaro Garganta y el juez de garantías de La Plata, Juan Pablo Masi, quienes concluyeron que “no se ha ordenado por el momento medida cautelar alguna que imposibilite a la Provincia o a los Municipios la recaudación de fondos a través de infracciones”.
La investigación judicial se inició tras una denuncia por un presunto esquema de coimas vinculado a la instalación y operación de cinemómetros, lo que derivó en la renuncia de Jorge D’Onofrio como ministro de Transporte bonaerense. Sin embargo, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (Cecaitra) presentó documentación que acreditaría la habilitación legal de todos los equipos instalados.
Desde el Ministerio Público se aclaró que los radares seguirán registrando y sancionando infracciones graves, como el exceso de velocidad, en el marco de la normativa vigente. La decisión cobra especial relevancia en vísperas del receso invernal, cuando se incrementa el flujo vehicular en rutas turísticas.
La continuidad del sistema también implica que los municipios podrán seguir utilizando los fondos recaudados por infracciones para financiar programas de seguridad vial y mantenimiento urbano.
