El proyecto enviado al Congreso por el gobierno nacional crea figuras jurídicas que permiten operar sociedades administradas por algoritmos y blindar a sus dueños de cualquier responsabilidad legal. Especialistas advierten que el diseño favorece la especulación financiera por sobre la generación de empleo.
El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que el gobierno de Javier Milei mandó al Congreso va bastante más allá de actualizar una norma de 1972. El texto, impulsado por Federico Sturzenegger, crea dos figuras nuevas que transforman de raíz la arquitectura legal de las empresas en Argentina: las Sociedades Automatizadas y las DAOs (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), diseñadas para operar sin trabajadores y con dueños prácticamente imposibles de rastrear.
La reforma llega con el sello ideológico de Peter Thiel, el magnate tecnológico con quien Sturzenegger mantuvo reuniones previas a la redacción del proyecto. Thiel es uno de los principales promotores globales de las estructuras descentralizadas que ahora el gobierno quiere instalar en el sistema jurídico argentino.
Sin empleados y sin responsables
Según el artículo 14 del proyecto, una Sociedad Automatizada es aquella que desarrolla su actividad mediante agentes de inteligencia artificial, sin necesidad de trabajadores ni intervención humana en su operación cotidiana. Una empresa que funciona sola y, en los papeles, no tiene a nadie que responda por ella.
Para el abogado Pablo Serdán, esa es justamente la trampa. La figura busca separar a las organizaciones de sus responsables y cortar la cadena causal con la responsabilidad, al dotar de personería jurídica a la tecnología que las gestiona. En otros términos: si la empresa comete un daño, responde el algoritmo. El humano que la diseñó y la puso a generar ganancias queda al margen.
«Los agentes de IA son lo suficientemente humanos para responder por daños, pero lo suficientemente ‘cosa’ para que la ganancia se la queden los humanos que están atrás», sintetizó el especialista. El resultado es la figura del empresario sin riesgo: quien se queda con el excedente no asume las consecuencias legales.
Algoritmos opacos y jurisdicción a elección
El proyecto también permite que los algoritmos y protocolos que rigen estas sociedades queden amparados bajo el secreto industrial. El Estado no podría auditar si una IA está programada para maximizar beneficios incumpliendo normas locales o penales. Una caja negra con personería jurídica.
A eso se suma otro punto que genera alarma entre los especialistas: el artículo 141 habilita a los socios a pactar que sus relaciones internas se rijan por derecho extranjero o arbitrajes internacionales. Traducido: si hay un conflicto, los tribunales argentinos quedan afuera. El litigio puede resolverse en una jurisdicción offshore o directamente mediante contratos inteligentes en la blockchain.
Para trabajadores bonaerenses o platenses que eventualmente sufran daños provocados por este tipo de empresas, el escenario es preocupante: la reparación dependería de instancias inaccesibles y de un derecho que no es el nacional.
Argentina como campo de pruebas
Mientras los países del G20 avanzan hacia la regulación y supervisión de la inteligencia artificial, el gobierno de Milei propone el camino contrario: convertir a Argentina en un laboratorio de sociedades automatizadas sin controles.
El entramado se completa con el Super RIGI, que ofrece beneficios tributarios para estas actividades, y con declaraciones del propio Milei en el Financial Times, donde defendió la necesidad de «responsabilidad limitada» y un «entorno libre» de regulaciones para atraer capitales.
La crítica central que sostienen los especialistas es que estas estructuras no están diseñadas para producir, crear empleo o generar valor en la economía real. Su lógica apunta al movimiento de capitales de riesgo y la especulación financiera.
Vale señalar que incluso voces vinculadas al ecosistema tecnológico, como el empresario Emiliano Kargieman, plantearon garantías que el gobierno descartó incorporar, entre ellas un mecanismo de apagado de emergencia para estas sociedades.
reescriben las reglas de juego
El proyecto deberá transitar el Congreso en un contexto político complejo, donde el oficialismo no tiene mayoría propia. La discusión en comisiones puede convertirse en el principal campo de disputa: las fuerzas opositoras —incluidas las bonaerenses— tendrán que decidir si resisten una reforma que, según los especialistas consultados, reescribe las reglas del juego societario en beneficio de capitales globales y en detrimento de la soberanía jurídica y los trabajadores locales.
