El kirchnerismo presentó un proyecto en la Legislatura provincial para limitar la compra de tierras rurales por extranjeros, mientras Kicillof convoca a su espacio a movilizarse cuando el Senado nacional retome el debate. Un tema que acerca lo que la interna separa.
En medio de la fractura más visible de los últimos años dentro del peronismo bonaerense, apareció un tema capaz de alinear a todos los sectores detrás de la misma bandera: la Ley de Tierras. La iniciativa nacional impulsada por el gobierno de Javier Milei, que busca ampliar el margen de compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, despertó al peronismo bonaerense y generó dos movimientos simultáneos: un proyecto en la Legislatura provincial y una movilización hacia el Congreso nacional.
La fecha clave es el 6 de agosto. Ese día, el Senado de la Nación retoma el debate sobre la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que incluye la derogación o modificación de la Ley de Tierras Rurales vigente desde 2011— y el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof estará en la calle.
Qué propone el proyecto bonaerense
La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados provincial lleva las firmas del presidente del bloque Fuerza Patria, Facundo Tignanelli —referente cercano a Máximo Kirchner—, de Noelia Saavedra, alineada con la intendenta de Moreno Mariel Fernández, y de Cintia Romero, diputada de Patria Grande de Juan Grabois. Una foto de unidad que, en cualquier otro contexto, hubiera sido impensable.
El proyecto propone la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales y establece un límite del 15% para la tenencia extranjera a nivel provincial y municipal, con un máximo del 30% para ciudadanos de una misma nacionalidad. Ningún titular extranjero podrá acumular más de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola del territorio bonaerense.
La normativa incorpora requisitos de información y transparencia, prohíbe la titularidad o posesión extranjera de inmuebles ribereños a cuerpos de agua de importancia y define zonas de protección territorial estratégica. La autoridad de aplicación podrá denegar permisos si considera que la operación pone en riesgo la soberanía alimentaria, el acceso al agua o favorece procesos de especulación y concentración.
El argumento de fondo es contundente: la provincia de Buenos Aires representa el 38,9% de las exportaciones nacionales y el 52,6% de la región pampeana. Con ese peso productivo, la extranjerización de tierras no es un debate abstracto.
Kicillof ya había marcado posición
El 19 de julio, en un acto en Avellaneda, Kicillof advirtió: «Hoy, en el Congreso Nacional, están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor».
El gobernador también denunció presiones del gobierno nacional sobre mandatarios provinciales y legisladores: «Así vayamos cortándola un poco con eso de extorsionar a las provincias, de extorsionar a los legisladores para que voten la entrega del territorio nacional».
El ministro de Desarrollo Agrario provincial, Javier Rodríguez, había fijado formalmente la postura del Ejecutivo bonaerense: rechazo a la modificación de la Ley 26.737 que desde 2011 pone límites a la compra de tierra rural por parte de extranjeros.
El dato político que no debe perderse de vista
La discusión sobre la tenencia y el control de las tierras rurales sugiere un eje capaz de acercar posturas entre los distintos sectores del oficialismo bonaerense.
En un escenario atravesado por tensiones internas, el rechazo a la extranjerización logra alinear a referentes kirchneristas, del Frente Renovador de Sergio Massa y espacios afines a Kicillof.
Es decir: mientras la foto con Máximo se esquiva en La Rioja y el massismo le manda pedidos de informes al gobernador por educación, la Ley de Tierras funciona como el pegamento momentáneo que une lo que la interna rompe. Para el peronismo, encontrar ese tipo de ejes comunes vale oro en un año preelectoral.
Para La Plata y el cinturón bonaerense, el debate tiene consecuencias concretas: la provincia concentra las tierras más productivas del país, y cualquier cambio en el régimen de tenencia afecta directamente a los actores del agro regional, a la soberanía alimentaria y al acceso al agua en zonas ya bajo presión.
