La jueza Marcela Garmendia ordenó paralizar 10 emprendimientos inmobiliarios denunciados por el Municipio y dejó fuertes críticas a la investigación de la UFI 16, en una causa que expone el negocio de los barrios truchos en la ciudad.
La Justicia de La Plata le puso un freno, al menos por seis meses, a una serie de loteos ilegales investigados por la presunta existencia de una asociación ilícita inmobiliaria. La resolución de la jueza Marcela Garmendia no solo ordena detener obras y movimientos de suelo, sino que también deja bajo la lupa el accionar del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta por la falta de avances en la causa .
Un fallo con golpe político
El punto más fuerte de la resolución no está solo en la paralización de los emprendimientos, sino en el reproche explícito al fiscal de la causa. Garmendia sostuvo que hubo demoras injustificadas, poco impulso investigativo y ausencia de medidas concretas para frenar las maniobras denunciadas por el Municipio .
Según el fallo, al cabo de casi dos años desde el inicio de la investigación no se dictó auto de mérito, una señal que en términos judiciales expone la lentitud de la pesquisa . También cuestionó que la fiscalía haya derivado el pedido cautelar sin precisar qué medidas correspondían ni aportar una fundamentación propia .
El alcance de la medida
La causa pega de lleno en un problema estructural de La Plata: la expansión urbana desordenada y el negocio de los loteos que se vendieron como una oportunidad de vivienda, pero que en muchos casos no reunían condiciones legales ni urbanísticas. La Municipalidad relevó 435 barrios y proyectos irregulares, sobre unas 3.380 hectáreas, con 6.876 viviendas ya construidas y una capacidad potencial superior a 32.800 parcelas .
El dato más sensible para la región es que 254 de esos casos están ubicados en zonas con peligrosidad hídrica media o alta . En una ciudad atravesada por el trauma de las inundaciones y por la discusión permanente sobre el uso del suelo, el fallo vuelve a mostrar que el problema no es solo judicial: también es territorial, ambiental y político .
Qué ordenó la jueza
La medida cautelar dispone el cese inmediato de obras, movimiento de suelo, apertura de calles e infraestructura en 10 emprendimientos inmobiliarios investigados . La magistrada además unificó expedientes que el fiscal no había acumulado pese a la conexidad señalada por el Municipio .
En el centro de la causa aparecen nombres pesados de la política local y del negocio inmobiliario. Entre los investigados figuran el ex intendente Julio César Garro y otros ex funcionarios, empresarios y desarrolladores, en una lista que refuerza la dimensión institucional del expediente .
Lo que deja expuesto
Más allá del expediente penal, el fallo vuelve a poner en discusión cómo se controló durante años el crecimiento de la periferia platense. Miles de familias compraron lotes de buena fe y terminaron atrapadas en una trama de promesas incumplidas, papeles dudosos y desarrollos sin servicios básicos .
Ese cuadro tiene consecuencias muy concretas en el Gran La Plata: barrios sin cloacas, sin agua potable, sin transporte suficiente y en muchos casos sobre suelos no aptos para urbanizar . La intervención judicial busca frenar nuevas maniobras, pero también exhibe el costo de una política urbana que llegó tarde o no llegó.
Escenario posible
En el corto plazo, la medida cautelar puede acelerar definiciones dentro de la investigación y obligar a la fiscalía a mover una causa que quedó bajo cuestionamiento . Si la parálisis judicial persiste, el conflicto seguirá creciendo entre vecinos damnificados, desarrolladores y un Municipio que intenta ordenar un mapa urbano que durante años se expandió sin control .
