La denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan contra el empresario Leandro Camani y el ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci abre un nuevo frente de tensión en la Provincia: el negocio de las fotomultas, que mueve millones, aparece vinculado a un esquema de lavado de dinero y presunto pago de coimas a funcionarios.
La denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan contra el empresario Leandro Camani y el ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci abre un nuevo frente de tensión en la Provincia: el negocio de las fotomultas, que mueve millones, aparece vinculado a un esquema de lavado de dinero y presunto pago de coimas a funcionarios.
El entramado empresarial
Según la Investigación Preliminar N° 141, iniciada en enero, Camani operaba a través de Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., firmando convenios con universidades públicas para esquivar licitaciones. El dictamen sostiene que el objetivo era “lavar dinero para poder pagarles coimas a los funcionarios públicos” y garantizar el control de la recaudación de multas en distintos municipios.
Universidades como intermediarias
La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y su fundación FUNINTEC aparecen en el expediente como piezas clave: mediante convenios de asistencia técnica con municipios bonaerenses, derivaban la operatoria a la fundación, que luego subcontrataba directamente a las firmas de Camani. El mecanismo, según la denuncia, funcionaba como un puente para legitimar contratos sin competencia real.
Impacto en la Provincia y en La Plata
El caso golpea de lleno a la gestión bonaerense y abre interrogantes sobre la transparencia en la recaudación de multas, un negocio que también involucra a municipios del Gran La Plata. La sospecha de que fondos públicos se canalizaron hacia empresas privadas mediante convenios universitarios tensiona la relación entre el gobierno provincial y las casas de estudio, y deja expuesta la fragilidad de los controles.
Lo que viene
La presentación judicial de Marijuan podría derivar en nuevas citaciones y procesamientos. En La Plata, donde el sistema de fotomultas también genera debate por su carácter recaudatorio, el caso suma presión política y anticipa un escenario de mayor escrutinio sobre los convenios vigentes. El desenlace marcará si la justicia logra desarmar un esquema que, de confirmarse, compromete tanto a funcionarios como a instituciones académicas.
