El juez de Garantías Agustín Crispo concedió el arresto domiciliario a la funcionaria judicial platense acusada de integrar una red que compraba datos biométricos a personas vulnerables para lavar más de $27.000 millones de casinos online clandestinos. El traslado queda supeditado a que la resolución quede firme.
Albertina Mangini, la funcionaria judicial de La Plata acusada de formar parte de una organización dedicada al lavado de activos por más de 27.000 millones de pesos, cumplirá prisión domiciliaria. Así lo resolvió el juez de Garantías Agustín Crispo, que dispuso además el uso de tobillera electrónica y la prohibición absoluta de contacto con víctimas, testigos y coimputados de la causa.
Mangini era secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial La Plata. Según la acusación, utilizó ese cargo para captar a personas bajo supervisión judicial y a vecinos en situación de extrema vulnerabilidad, a quienes se les pagaba para escanear el iris de sus ojos. Con esos datos, la red abría cuentas en billeteras virtuales que servían para blanquear dinero de apuestas ilegales.
Por qué el juez le dio la domiciliaria a Albertina Mangini
La defensa, a cargo de los abogados Alfredo J. M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón, solicitó atenuar la prisión preventiva por cuestiones de salud y circunstancias personales que, según plantearon, surgieron después de dictada esa medida.
Crispo aceptó el planteo. En su resolución consideró que los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación pueden neutralizarse razonablemente con el arresto domiciliario y el monitoreo electrónico. Como fundamentos adicionales, señaló que la imputada no tiene antecedentes penales, que fue apartada de sus funciones en el Poder Judicial y que ya no tiene acceso a los recursos ni a los mecanismos institucionales que le daba su cargo.
Las restricciones son amplias: Mangini no podrá comunicarse con ninguna de las partes por teléfono, mensajes, redes sociales, aplicaciones de mensajería ni a través de terceros. El traslado a su domicilio, de todos modos, no es inmediato: se concretará recién cuando la resolución quede firme, lo que deja abierta la posibilidad de una apelación de la fiscalía.
Una detención en agosto y la preventiva en septiembre
La funcionaria fue detenida el 13 de agosto y quedó alojada en la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato. A mediados de septiembre, a pedido de la fiscal Betina de Lacki, el juez le dictó la prisión preventiva.
Las imputaciones son graves: asociación ilícita, defraudación por uso indebido de datos e identidades, y lavado de activos agravado por la habitualidad y por haberse cometido como miembro de una organización.
Cómo funcionaba la maniobra del iris
Según los fundamentos del procesamiento, la funcionaria tuvo una participación directa y sostenida en la captación de las víctimas. Aprovechaba su función de enlace con el Patronato de Liberados para citar a personas tuteladas o con necesidades económicas en lugares públicos, como bares o restaurantes.
Allí, con teléfonos provistos por la banda, se les escaneaba el iris y se les tomaban fotografías. A cambio, recibían alrededor de 80.000 pesos. Con esa información biométrica, la organización lograba superar los sistemas de validación de identidad y crear usuarios falsos en distintas plataformas digitales.
Esas cuentas, abiertas a nombre de personas que no sabían cómo se usaban sus datos, servían para recaudar el dinero de casinos online no autorizados. El circuito permitía ocultar el origen de los fondos y cortar la trazabilidad del dinero dentro del sistema financiero formal.
Una denuncia desde adentro del Patronato
La causa se inició por la denuncia de una trabajadora de limpieza del propio Patronato de Liberados. La mujer contó que le habían prometido 80.000 pesos por escanear su iris, pero que finalmente le pagaron solo la mitad. Esa diferencia encendió las alarmas y abrió la investigación del Ministerio Público Fiscal.
El dato expone la dimensión más grave del caso: la red no solo apuntaba a personas en situación de pobreza, sino que se apoyaba en una funcionaria cuyo trabajo consistía, justamente, en acompañar a quienes estaban bajo supervisión judicial.
Allanamientos en cuatro ciudades y otros detenidos
La causa también derivó en la detención y procesamiento de otros imputados. Entre ellos figuran Ignacio Marchioni, que ya aparecía en investigaciones vinculadas a la firma Sur Finanzas y su relación con la AFA, y Mauro Perrotta. Los arrestos se concretaron en un operativo de la División Delitos Fiscales de la Policía Federal.
Los allanamientos se realizaron en simultáneo en La Plata, Quilmes, Mar del Plata y La Falda, en Córdoba. Allí se secuestraron una pistola 9 milímetros, 17 celulares, cuatro notebooks, seis CPU, seis posnet, dos DVR y distintos dispositivos de almacenamiento. También se incautó dinero en efectivo: más de 2,7 millones de pesos, 3.300 dólares, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.
Quince años en la Justicia bonaerense
Mangini ingresó al Ministerio Público Fiscal bonaerense en junio de 2009, en una fiscalía de Saladillo. Con los años ascendió dentro de la estructura administrativa hasta integrarse a unidades de la Fiscalía General de La Plata y llegar al cargo directivo en la oficina de enlace con el Patronato.
Está suspendida desde febrero de 2025, cuando se le notificó la primera imputación. Esa suspensión, que se renovaba cada 90 días, se prorrogó de manera indefinida tras su detención y se mantiene durante todo el proceso.
Qué puede pasar ahora
El foco está puesto en si la fiscalía apela la domiciliaria antes de que quede firme. Si la resolución se confirma, Mangini esperará el avance de la causa en su casa, con tobillera y bajo un estricto régimen de incomunicación con las partes.
Más allá de su situación procesal, el expediente deja abiertas preguntas incómodas para el Poder Judicial bonaerense: cómo una funcionaria pudo usar durante tanto tiempo su acceso a personas bajo supervisión para un negocio ilegal, y qué controles fallaron en el camino.
