Con la firma del decreto que habilita las sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre, el presidente Javier Milei decidió acelerar la discusión legislativa para intentar aprobar un conjunto de proyectos que conforman el núcleo duro de su programa económico e institucional. La estrategia busca cerrar el año con avances concretos en el Congreso, enviar señales de previsibilidad a los mercados y consolidar el equilibrio fiscal como bandera política del Gobierno.
La convocatoria incluye una agenda de seis iniciativas prioritarias, con eje en el Presupuesto, cambios en el sistema laboral y penal, incentivos al blanqueo de capitales y una reforma ambiental que promete nuevo foco de tensión con las provincias.
Presupuesto 2026: la llave de todo
El proyecto de Presupuesto General para 2026 aparece como la principal prioridad oficial. El Ejecutivo apunta a sostener el equilibrio fiscal como pilar del orden macroeconómico, con una estructura de gastos que refuerza seguridad y defensa, y mantiene partidas para áreas sociales sensibles. La negociación ya suma presión de los gobernadores, que reclaman mayores fondos y obras ante un escenario de ajuste continuo sobre las cuentas provinciales.
En el entorno libertario admiten que se trata del proyecto “más viable” de toda la agenda: históricamente, el Presupuesto suele reunir mayor capacidad de consenso que las reformas estructurales de largo alcance.
Inocencia Fiscal y regla de estabilidad
El segundo eje es la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca permitir la incorporación al circuito formal de dólares no declarados, con el argumento oficial de dinamizar el consumo y fortalecer el sistema financiero. La medida, postergada durante meses, ahora vuelve al centro de la agenda como uno de los mecanismos de estímulo al movimiento de divisas.
A esa propuesta se suma el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una suerte de “regla fiscal permanente” pensada para limitar subas de gasto sin financiamiento y blindar las cuentas públicas a futuro. El Gobierno la presenta como una herramienta clave para asegurar que ningún cambio político posterior desarme el esquema de disciplina presupuestaria.
Reforma laboral: el frente más complejo
Entre los proyectos más ambiciosos aparece la Ley de Modernización Laboral, diseñada para reformar puntos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto incluye modificaciones en regímenes indemnizatorios, cambios en la ultraactividad de los convenios colectivos, prioridad para acuerdos por empresa y mecanismos para reducir litigiosidad. La meta oficial es “destrabar” el mercado laboral formal, aunque el proyecto ya genera fuerte resistencia sindical y reparos en sectores de la oposición.
En este marco, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado podría comenzar a funcionar desde el 11 de diciembre, bajo la conducción de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario. Su participación es vista como una movida política para acelerar los tiempos y mostrar decisión interna, ante un proyecto que el propio oficialismo sabe cuesta más votos que el Presupuesto.
Desde la Casa Rosada reconocen que la aprobación será escalonada: el plan es obtener media sanción en el Senado antes de fin de año y completar el recorrido legislativo en la Cámara de Diputados durante febrero.
Código Penal y agenda de seguridad
Otro punto central es la reforma integral del Código Penal, un texto extenso que supera los 900 artículos y endurece penas en delitos graves como homicidio, trata de personas, narcotráfico, robos agravados y delitos contra menores. La iniciativa propone elevar el cumplimiento efectivo de penas en más del 80% de los casos y agilizar los procesos mediante un sistema acusatorio más concentrado.
Este proyecto, junto al Presupuesto, integra el “doble objetivo” que el Gobierno pretende concretar antes del cierre del año parlamentario.
La ley de Glaciares vuelve al centro del debate
El sexto capítulo de la agenda es la reforma de la Ley de Glaciares, una propuesta sensible que apunta a redefinir los límites de las actividades económicas en zonas periglaciares, otorgando mayor margen de decisión a las provincias. El oficialismo sostiene que permitirá reactivar proyectos mineros, pero organizaciones ambientales y bloques opositores ya anticipan resistencia. El texto también contempla cambios en las leyes de Promoción Minera y de Tierras.
El desafío político: sumar votos
En un Congreso donde La Libertad Avanza no cuenta con mayorías propias, el Gobierno desplegó su equipo de negociación. Martín Menem, como presidente de Diputados, y Patricia Bullrich en el Senado conducen la tarea parlamentaria, con coordinación del ministro del Interior, Diego Santilli, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El foco principal está puesto en los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, de quienes depende gran parte del respaldo legislativo.
En Balcarce 50 son realistas: el Presupuesto es el objetivo más cercano, la reforma penal aparece como segundo paso posible y el resto —laboral, fiscal y ambiental— requerirá meses de negociación.
La apuesta de Milei
La convocatoria a extraordinarias marca el inicio de una etapa clave para el segundo año de gestión libertaria. La agenda es ambiciosa y la correlación de fuerzas, ajustada. En el Congreso se jugará no sólo el destino de los proyectos, sino también la capacidad política del Gobierno para transformar su discurso de ajuste y reformas en leyes concretas.
Para los bonaerenses y los platenses, atentos a cómo impactan las decisiones nacionales en la obra pública, el empleo formal y los recursos provinciales, el desenlace de diciembre será un termómetro clave del rumbo económico y político que se avecina.
