La Asociación Platense de Inquilinos (API) se sumó a la presentación del amparo impulsada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para declarar inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, haciendo hincapié en la derogación de la Ley de Alquileres.

El texto se refiere a los contratos de locación y plantea que con la derogación de la Ley 27.551 se persiguen dos objetivos: La transferencia de ingresos del sector trabajador al capital rentista y el disciplinamiento para todo aquel que busque denunciar estos abusos. “De esta manera, vivir en las ciudades será para los que alquilan solo para garantizar la renta de aquellos dueños e intermediarios”, manifestaron los inquilinos.

El referente de la Asociación Platense de Inquilinos (API), Diego Fernández Camillo, explicó que se sumaron al amparo de las centrales obreras porque los inquilinos “son trabajadores” y lanzó: “La lucha es una sola y la que históricamente los y las argentinas construyeron; defender las riquezas de nuestro país, y quienes la construyen son el y la trabajadora, desde ahí accedemos a el hogar mediante el alquiler”, sostuvo en diálogo con el portal 0221.

Camillo señaló que el DNU de Milei trae “graves consecuencias para el locatario” y que “la realidad es que esta derogación es una quita de derechos, por ende inconstitucional, ya que ninguna ley puede ser regresiva en materia de derechos adquiridos”.

En ese sentido, consideró que el nuevo escenario va a “atar al inquilino a la incertidumbre de no saber si podrá pagar los aumentos y por ende, a la posibilidad de seguir endeudándose o irse a vivir a peores condiciones” y que “esto dificultará aún más la posibilidad de obtener alguna capacidad de ahorro, necesaria para proyectar la compra de una vivienda propia”.

Mientras que al ser consultado por la dolarización de los alquileres, remarcó que “las monedas extranjeras son de acceso limitado para la mayoría de los trabajadores” y cuestionó el hecho de que la desregulación “habilita a que el inquilino pague en el alquiler también la inflación del propietario”.

De todas formas, el referente de la Asociación Platense de Inquilinos (API) aclaró: “Tenemos que empezar a defender al pequeño propietario, ese propietario que tiene una, dos, tres o cuatro propiedades como máximo, que alquilan sus viviendas para tener una mejor calidad de vida y esas ganancias se ven redistribuidas en el mercado interno. Cuando eso deje de suceder, la crisis va a ser aún peor”.