El paro de prácticos contra el Decreto 690/2026 —que desregula el servicio de pilotaje en los puertos— dejó al Puerto La Plata sin movimiento marítimo desde el sábado.
Con la actividad frenada en Dock Sud, Bahía Blanca, Zárate-Campana y Quequén, Prefectura intimó a 500 trabajadores para que levanten la medida. Cargas ya se desviaron a Montevideo y al sur de Brasil. Otro capítulo de la avanzada libertaria que rompe consensos y deja daños colaterales.
El Puerto La Plata entró a la semana paralizado. El paro por tiempo indeterminado de prácticos, patrones fluviales y navegantes contra el Decreto 690/2026 —firmado por Javier Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger— dejó sin operatividad a las principales terminales portuarias del país desde el sábado 1 de agosto. En Buenos Aires, la medida afecta a La Plata, Dock Sud, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca, un mapa que concentra buena parte del comercio exterior argentino.
Al cierre del domingo, el Centro de Navegación (CNAV) —cámara que representa a las agencias marítimas que movilizan más del 80% de las cargas de comercio exterior— contabilizaba al menos 140 barcos detenidos. La cifra sigue creciendo hora a hora y la respuesta del Gobierno fue previsible: la Prefectura Naval Argentina intimó a más de 500 trabajadores con «cédulas perentorias» a levantar el paro, con el argumento de que el practicaje constituye un servicio público esencial.
Puerto La Plata: TecPlata frenado y la cadena logística en pausa
Para La Plata, el conflicto tiene impacto directo en dos frentes. El primero es la actividad de TecPlata, la terminal de contenedores de última generación que opera en el puerto local y que se convirtió en los últimos años en una de las vidrieras de comercio exterior de la región. Sin prácticos que pilotenn el ingreso y egreso de buques, la terminal quedó fuera de operación efectiva, con los contenedores acumulándose en tierra y los buques anclados en la rada.
El segundo frente es el movimiento de combustibles: el Puerto La Plata es entrada estratégica para insumos y despacho de derivados de la refinería YPF en Ensenada. Aunque los prácticos —con criterio propio— decidieron mantener excepciones para buques petroleros y gasíferos, con el objetivo de no comprometer el suministro interno ni generar riesgos ambientales, la operatoria general está en pausa.
Cada día que se extiende el conflicto multiplica los costos. Los buques que esperan cobran sobreestadía. Las cargas ya reservadas empiezan a desviarse a Montevideo y a puertos del sur de Brasil —con la consiguiente pérdida de trasbordos que la industria argentina venía repatriando—. Y los importadores platenses y bonaerenses que dependían de esos envíos comienzan a acumular faltantes.
Qué es el practicaje y por qué el decreto encendió la mecha
El practicaje es un servicio técnico especializado: los prácticos son profesionales de alta calificación —muchos con formación militar naval— que suben a bordo de los buques que entran o salen de puertos para pilotarlos en zonas de navegación restringida, con conocimiento fino de canales, corrientes y peligros locales. En Argentina, la actividad estaba regulada con altos estándares de exigencia técnica y tarifas homologadas.
El Decreto 690/2026 rompe ese esquema. Los ejes centrales:
- Desregula tarifas y las abre a libre competencia.
- Reduce requisitos técnicos para ejercer la profesión.
- Permite el ingreso de nuevos prestadores sin las exigencias del sistema previo.
El argumento oficial es el habitual del kit libertario: bajar costos y aumentar competencia en una actividad considerada «excesivamente regulada». El argumento del sector es igual de contundente: la seguridad de la navegación en zonas complejas —río de la Plata, canal de acceso a La Plata, Hidrovía Paraná-Paraguay— no admite improvisación. Un accidente en la boca del canal puede paralizar un puerto por semanas y generar daños ambientales irreparables.
La estrategia libertaria: desregular sin consenso, resolver con Prefectura
El conflicto encaja como pieza más en la agenda que viene desplegando el Gobierno desde 2023: desregulación por decreto, sin diálogo previo con los sectores involucrados, y respuesta administrativa cuando surge la resistencia. La misma lógica que se aplicó con los colegios profesionales, los alquileres, los medicamentos y los combustibles.
En este caso, la jugada tiene un costado más sensible: la Prefectura Naval Argentina intimó a los trabajadores amenazando con sanciones. La medida busca romper el paro por vía legal en lugar de sentarse a negociar. Los sindicatos ya adelantaron que recurrirán la intimación y que sostendrán la protesta.
Detrás del enfrentamiento gremial hay una discusión de fondo: quién controla y cómo se controla la operatoria portuaria, uno de los cuellos de botella históricos del comercio exterior argentino. Los prácticos denuncian que la desregulación abre la puerta a empresas offshore y prestadores internacionales que desplazarían a los profesionales locales. El Gobierno responde que las tarifas actuales encarecen artificialmente las operaciones y frenan la competitividad exportadora.
El impacto económico: exportaciones frenadas y granos en riesgo
El daño ya se cuenta en millones de dólares. Los frentes más golpeados:
- Exportaciones de granos: en plena campaña, los buques cargados no pueden zarpar y los que vienen a cargar no pueden ingresar.
- Vaca Muerta: se frenó una operación clave de exportación energética.
- Comercio exterior general: contenedores acumulados, importaciones demoradas y cadenas de suministro rotas.
- Puertos vecinos que ganan: Montevideo y el sur de Brasil reciben las cargas desviadas, con transbordos que la industria argentina venía recuperando.
Para la Provincia de Buenos Aires —cuya matriz productiva depende fuertemente del complejo portuario— el impacto es doble: caen los ingresos por movimiento de cargas y se afecta la actividad de miles de trabajadores del sector logístico, del transporte y de la industria vinculada.
La reacción política: Provincia, oposición y sindicatos
El conflicto encendió la reacción del gobierno bonaerense, que a través del ministerio del área advirtió sobre el impacto en el empleo y en la actividad exportadora de la Provincia. La lectura oficial provincial coincide con la del sector empresario: la medida es inconsulta, se tomó sin diagnóstico previo y genera más daño que beneficio en el corto plazo.
Los sindicatos portuarios, por su parte, alinearon posturas: la CGT bonaerense y las federaciones marítimas respaldaron la protesta y advirtieron sobre la posibilidad de escalar el conflicto si Prefectura avanza con las sanciones.
En La Plata, con el Puerto local como uno de los motores económicos de la región y con Ensenada y Berisso directamente afectadas por la parálisis, la conflictividad puede sumar tensión política adicional a un mapa que ya viene cargado —comercio en caída, alquileres que devoran ingresos, aumentos escalonados en servicios y transporte—.
Si el Gobierno no abre canales de diálogo y la Prefectura avanza con sanciones a los prácticos, el conflicto puede escalar y extenderse durante toda la próxima semana. Los efectos económicos —pérdida de cargas, sobrecostos, desvío de operaciones a puertos vecinos— se van a multiplicar. Si se negocia una salida técnica que mantenga los estándares de seguridad y ordene la desregulación de manera gradual, hay margen para descomprimir. Para el Puerto La Plata, cada día de parálisis significa cargas perdidas, competitividad regional en juego y una discusión política más sobre cómo se toman las decisiones que afectan directamente a la Provincia. La motosierra, otra vez, corta antes de escuchar.
