El fiscal Hernán Biglino la exhortó a abstenerse de cualquier declaración pública sobre el joven activista y su madre. La investigación abarca cuatro hechos encuadrados como maltrato agravado por tratarse de un menor con discapacidad.
La Justicia le puso un límite a Lilia Lemoine. El fiscal de primera instancia de la Ciudad de Buenos Aires Hernán Gustavo Biglino exhortó a la diputada nacional de La Libertad Avanza a abstenerse de realizar cualquier manifestación pública, de forma directa o indirecta, vinculada al adolescente Ian Galo Lescano, conocido como «Ian Moche», así como de aludir a su condición de persona perteneciente al espectro autista.
La resolución es una exhortación, no una medida cautelar. El fiscal aclaró expresamente que no le imponía una restricción formal, sino una simple exhortación orientada a evitar una mayor litigiosidad en el marco del proceso. Pero el efecto político es el mismo: la diputada más cercana al Presidente tiene a la Justicia diciéndole que pare.
Qué se investiga y por qué es grave
En la causa se investigan cuatro hechos que, según el fiscal, encuadran en la figura contravencional de maltrato en perjuicio de Marlene Florencia Spesso —madre de Ian— y su hijo, agravado en este último caso por ser en perjuicio de un menor de edad con discapacidad.
La figura reprime a quien ejerce violencia, maltrata físicamente o psíquicamente a otro mediante humillaciones, vejaciones, malos tratos verbales o físicos o cualquier otra forma de ataque a la dignidad, siempre que el hecho no constituya delito.
El joven está representado por el abogado Andrés Gil Domínguez y es querellante en la causa. Cuando el caso escaló públicamente, Gil Domínguez aportó el dato que derrumbó el argumento central de Lemoine: la Andis le otorgó a Ian el Certificado Único de Discapacidad mediante el cual se acredita su pertenencia al espectro autista nivel 1 con apoyo nivel 1. El CUD vence el 13 de febrero de 2030.
Lo que dijo Lemoine y por qué generó la causa
«Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista. Hablo de la mamá de Ian Moche, una señora que no está bien de la cabeza», había dicho Lemoine en LN+.
Cuando un grupo de diputados presentó un proyecto de repudio, la legisladora intentó matizar sin rectificarse: «Yo jamás dije nada de Ian Moche, solo que la madre lo está utilizando para actuar de autista.» La aclaración no cerró el expediente. Lo abrió.
Milei también lo atacó: el poder detrás de la diputada
El caso no es solo sobre Lemoine. El joven activista ya había sido blanco de las críticas del propio Milei. En junio de 2025, el Presidente replicó una publicación de un troll libertario en redes sociales, en la que se acusaba a Moche y a su madre de ser kirchneristas y de «operar en contra del Gobierno».
Ian Moche se convirtió en blanco porque hizo exactamente lo que Milei no puede ignorar: criticar los recortes del gobierno en el área de discapacidad desde una voz que tiene credibilidad personal y que genera empatía masiva. La respuesta del Presidente y de su entorno cercano fue atacar esa credibilidad. Ahora la Justicia le dijo a una de las protagonistas de ese ataque que frene.
El contexto bonaerense que conecta el caso
El expediente judicial llega en un momento en que el debate sobre discapacidad y financiamiento público tiene temperatura propia en la provincia de Buenos Aires. Esta misma semana, el Centro de Día Cántaros de Villa Elisa advirtió que cerraría sus puertas si IOMA no pagaba la deuda acumulada con prestadores del sistema, dejando a 90 personas en riesgo de quedarse sin atención.
Son dos noticias distintas con un denominador común: el Estado —ya sea nacional o provincial— y su vínculo con las personas con discapacidad. Ian Moche lo señaló desde la militancia. Cántaros lo denuncia desde la gestión diaria. La Justicia, al menos en el primer caso, escuchó.
