Después del paro docente de 72 horas, los nodocentes anunciaron una nueva medida para el miércoles 7. Una semana más tarde llegará la quinta Marcha Federal Universitaria, mientras el Gobierno sigue sin aplicar la Ley de Financiamiento pese a la intimación judicial.
El paro en la UNLP no tiene fecha de cierre. Apenas terminó la medida docente de 72 horas que se extendió entre el miércoles 30 de septiembre y hoy, viernes 2 de octubre, los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de La Plata confirmaron una nueva jornada de protesta para el miércoles 7 de octubre. El calendario se completa el jueves 15, con la quinta Marcha Federal Universitaria.
Con estas medidas, el conflicto ya acumula 33 días de paro entre docentes y nodocentes en lo que va de 2026, según el relevamiento difundido por el diario El Día. La cifra impacta sobre facultades y también sobre los colegios preuniversitarios que dependen de la casa de estudios, donde miles de chicos y adolescentes ven alterada su cursada.
Qué reclaman docentes y nodocentes
El eje del conflicto tiene dos frentes que se cruzan. Por un lado, la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025 y que el Gobierno nacional todavía no ejecuta. Por el otro, la recomposición salarial.
Los gremios calculan en torno al 33,4% la pérdida que necesitan recuperar para volver al poder adquisitivo de noviembre de 2023, el último mes antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. La oferta oficial, en cambio, ronda el 3%. La distancia entre ambos números explica por qué no hay instancia de negociación que prospere.
El paro docente que terminó este viernes fue convocado por las federaciones nacionales del sector, con adhesión en la UNLP. La medida nodocente del 7 de octubre suma a otro colectivo clave para el funcionamiento cotidiano de la universidad: administrativos, técnicos, personal de mantenimiento y de servicios.
La Ley de Financiamiento, en manos de la Justicia
El conflicto también tiene un costado judicial que se volvió central en las últimas semanas. En septiembre, el juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a cumplir con una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
El plazo fijado por el magistrado venció el 30 de septiembre, el mismo día en que arrancó el último paro docente. Hasta ahora, el Ejecutivo no dio señales de avanzar con la actualización salarial que establece la norma, y los gremios exigen que se cumpla.
La situación deja planteado un escenario de tensión institucional: una ley sancionada por el Congreso, una orden judicial que intima a aplicarla y un Gobierno que sostiene su postura sin modificaciones. Los próximos pasos de Cormick, frente al incumplimiento, serán determinantes para el rumbo del conflicto.
Quinta Marcha Federal Universitaria: una fecha cargada
La movilización del 15 de octubre será la quinta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión libertaria. Las anteriores convocaron a multitudes en todo el país y tuvieron en La Plata una de sus postales más fuertes, con columnas de estudiantes, docentes y graduados que salieron desde las distintas facultades.
La fecha no es menor por otro motivo. El mismo jueves 15, la Cámara de Diputados tiene prevista una sesión especial impulsada por la oposición para intentar derogar el DNU 70/2023. La coincidencia puede convertir la jornada en una demostración de fuerza más amplia contra la política del Gobierno nacional, con el reclamo universitario como uno de sus ejes.
El impacto en La Plata
En La Plata, el conflicto universitario tiene un peso que excede lo académico. La UNLP es una de las instituciones que más moviliza la vida de la ciudad: miles de estudiantes llegan desde el interior de la Provincia y de otras regiones del país, y alrededor de la universidad se sostiene una economía de alquileres, comercios, transporte y servicios.
Cada jornada de paro altera esa dinámica. Y la prolongación del conflicto alimenta otro problema: la incertidumbre sobre el calendario académico, la posibilidad de que se extiendan las cursadas o se reprogramen mesas de examen, y el riesgo de deserción en los estudiantes con situaciones económicas más frágiles.
Para los docentes, en tanto, la pérdida salarial ya empujó a muchos a sumar otros trabajos o a abandonar la carrera universitaria. Es el costo menos visible del conflicto: la erosión de los equipos de docencia e investigación, que no se recupera con un aumento cuando el conflicto termine.
Un conflicto sin salida a la vista
El Gobierno sostiene que no hay fondos para cumplir con la ley y que las universidades deben ajustar sus gastos. Los gremios y las autoridades universitarias responden que el Congreso ya definió el financiamiento y que el Ejecutivo debe cumplirlo.
En el medio, el conflicto suma días de paro sin que aparezca una mesa de diálogo con capacidad de resolución. La oferta del 3% no movió la postura de los gremios, y la estrategia oficial parece apostar al desgaste.
