El gobierno de Axel Kicillof recurrió el fallo que obtuvo la Defensoría del Pueblo bonaerense y que ordenó retrotraer las subas aplicadas desde julio. Las empresas advierten por un cuadro tarifario «imposible de aplicar» y por su deuda con CAMMESA. Ahora decide la Cámara de Mar del Plata.
La pelea judicial por las tarifas de luz en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. El Gobierno bonaerense, a través de la Fiscalía de Estado, y las cuatro grandes distribuidoras eléctricas de jurisdicción provincial (EDEN, EDEA, EDES y EDELAP) apelaron la medida cautelar que suspendió los aumentos y ordenó volver al cuadro tarifario anterior en los componentes provinciales.
El recurso fue presentado ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, que lo concedió y elevó el expediente a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata. De esa definición depende lo que pagarán en los próximos meses los usuarios de La Plata, Berisso, Ensenada y buena parte del interior bonaerense.
Qué frenó la cautelar sobre las tarifas de luz
El amparo fue impulsado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, que conduce Guido Lorenzino. Apuntó contra los incrementos de entre el 1,5% y el 3,5% que rigen desde el 1° de julio a partir de la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura provincial.
La Justicia no solo suspendió esas subas: también ordenó a las empresas devolver lo cobrado desde la entrada en vigencia de la resolución y les impidió aplicar nuevos cuadros tarifarios sin participación previa de los usuarios. Tras un pedido de aclaratoria de la Defensoría, el juzgado precisó que la medida alcanza además a las cooperativas eléctricas de jurisdicción provincial y municipal.
El argumento central del fallo fue la ausencia de audiencias públicas. El juez señaló que «hace diez años que no se realiza una audiencia pública» y consideró que sostener aumentos permanentes bajo un régimen transitorio, sin plazo cierto, vulnera el derecho de los usuarios a estar informados.
El argumento de la Provincia
La Fiscalía de Estado sostiene que el fallo confundió dos regímenes distintos. Por un lado, la Revisión Tarifaria Integral (RTI), el mecanismo ordinario aprobado en 2017 para el período 2017-2022, que sí exige audiencia pública. Por el otro, la llamada Etapa de Transición Tarifaria, un esquema excepcional que nació con la emergencia económica declarada a fines de 2019 por la Ley 15.165.
Ese régimen transitorio se formalizó en 2021 con la Resolución 439 y fue prorrogado hasta el 31 de marzo de 2027. Para la administración de Kicillof, los ajustes cuestionados son actualizaciones previstas dentro de ese esquema y contempladas en los contratos de concesión, por lo que no requieren convocar a audiencia en cada oportunidad.
La Provincia también objetó el uso de dos precedentes judiciales como antecedente: el caso «CEPIS», de la Corte Suprema nacional, y «Negrelli», de la Suprema Corte bonaerense. Según su planteo, esas decisiones no se pueden trasladar de manera automática porque la legislación provincial sí prevé de forma expresa un régimen de transición.
Las distribuidoras: un cuadro «híbrido» y la deuda con CAMMESA
Las empresas sumaron un argumento operativo. Sostienen que no pueden armar por su cuenta un cuadro tarifario: solo facturan lo que aprueba el Ministerio de Infraestructura con intervención de OCEBA, el organismo de control.
El problema, según plantean, es que la cautelar restableció el cuadro anterior en los componentes provinciales pero dejó vigentes los precios nacionales de energía, potencia y transporte. El resultado sería un esquema mixto que ninguna autoridad aprobó y que, a su juicio, resulta muy difícil de aplicar en la práctica. Agregaron otro dato técnico: la Resolución 585 ya había sido reemplazada por la 682/2026, que no fue impugnada de manera específica.
El punto más sensible es financiero. Las cuatro distribuidoras firmaron en 2025 acuerdos para regularizar su deuda con CAMMESA, la administradora del mercado eléctrico mayorista, con garantías sobre sus cuentas de recaudación. Si cae el ingreso previsto, advierten, podrían incumplir esos acuerdos y quedar expuestas a embargos sobre esas cuentas, con impacto en salarios, mantenimiento y continuidad del servicio.
La Fiscalía de Estado coincidió en el diagnóstico: el cuadro restablecido no incorpora los precios mayoristas fijados por la Secretaría de Energía de la Nación para agosto ni el ajuste del valor agregado de distribución (VAD).
Una cautelar demasiado amplia, según los apelantes
Provincia y empresas coinciden en otro cuestionamiento: el alcance de la medida. Consideran excesivo que la cautelar bloquee aumentos futuros que todavía no fueron dictados y que, por lo tanto, no pudieron ser impugnados.
Las distribuidoras agregaron que la demanda original representaba a usuarios residenciales y de tarifa social, pero que la medida terminó extendiéndose también a comercios e industrias. Por eso piden que se revoque la cautelar o, al menos, que la apelación tenga efecto suspensivo, lo que permitiría seguir cobrando los aumentos mientras se resuelve el fondo.
Kicillof, del otro lado del mostrador
El caso deja al Gobierno bonaerense en una posición incómoda. La gestión de Kicillof hizo de la crítica a los tarifazos uno de los ejes de su confrontación con la política energética de Javier Milei. Ahora es la Provincia la que defiende en la Justicia sus propios aumentos frente a un organismo de control provincial.
La explicación oficial es que los incrementos provinciales son acotados y necesarios para sostener el servicio en un contexto en que Nación trasladó la mayor parte de los costos mayoristas. Pero el argumento de la «transición» encuentra un límite político: un régimen pensado como excepcional lleva más de cinco años vigente y se extiende hasta 2027 sin audiencias públicas.
La Cámara de Mar del Plata deberá resolver primero si concede la apelación con efecto suspensivo, lo que definirá qué se factura en el corto plazo. Si lo hace, las boletas podrían volver a incluir los aumentos mientras se discute el fondo.
Si en cambio confirma la cautelar, la Provincia quedaría obligada a convocar audiencias públicas antes de cualquier nueva suba, un escenario que reordenaría toda la política tarifaria bonaerense hasta el final de la transición en 2027. Para los usuarios, la incertidumbre se traslada a las próximas facturas: devoluciones pendientes, cuadros en revisión y un fallo que puede cambiar en semanas.
