El juez Alejo Ramos Padilla dictó el procesamiento de Matías Rappallini y Lorena Otermín por maniobras destinadas a impedir el voto de vecinos en los comicios locales. El caso expone tensiones políticas y el peso de las familias empresarias en la vida institucional bonaerense.
El Juzgado Federal N° 1 de La Plata, con competencia electoral, procesó al intendente de Maipú en uso de licencia, Matías Rappallini (UCR), y a la jefa comunal interina, Lorena Otermín. Ambos fueron acusados de maniobras para impedir el voto de cerca de 30 vecinos durante las elecciones de 2019. La resolución incluyó un embargo de bienes por unos treinta millones de pesos.
El trasfondo político
El episodio se remonta a los comicios de 2019, cuando Rappallini obtuvo su tercer mandato por apenas 50 votos de diferencia. En ese contexto, el peronismo —a través de su candidato Facundo Coudannes— denunció que decenas de votantes habían sido privados ilegalmente de sus documentos, lo que derivó en una investigación judicial que ahora alcanza un hito con el procesamiento de los principales implicados.
Poder local y vínculos empresariales
Rappallini ejerció hasta mayo de 2024, tras obtener un cuarto mandato en 2023. Su figura está ligada a una de las familias más influyentes de Maipú, propietaria de Gigot Cosméticos, la principal empresa local. Su hermano, Martín Rappallini, es actualmente titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), lo que refuerza el peso político y económico del apellido en la región.
Impacto en La Plata y la Provincia
La resolución de Ramos Padilla no solo afecta a la política de Maipú: también envía un mensaje a la dirigencia bonaerense sobre la vigilancia judicial en procesos electorales. En La Plata, donde las disputas por transparencia y representación son constantes, el caso se lee como un recordatorio de que las prácticas irregulares pueden tener consecuencias judiciales años después.
Escenario a corto plazo
El procesamiento abre un nuevo capítulo en la relación entre justicia y política en la provincia. Con Rappallini aún con influencia territorial y empresarial, el desenlace de la causa podría redefinir equilibrios internos en la UCR y condicionar futuras alianzas en el mapa bonaerense.
