El relevamiento de QSocial sobre 1.829 casos expone un mapa social atravesado por desconfianza, demandas de orden y polarización extrema. La universidad resiste como excepción. El conflicto con el ajuste universitario cobra otra dimensión a la luz de los datos.
El país desconfía de casi todo. Pero hay una institución que resiste: la universidad pública. Eso es lo que muestra la encuesta nacional de QSocial, realizada entre el 7 y el 28 de mayo sobre 1.829 casos. El relevamiento construye una radiografía de la Argentina de este momento: confianza institucional derrumbada, demandas de seguridad por encima de ideologías, y una grieta que se expresa con claridad en casi todos los temas que divide al país.
La excepción universitaria en un mar de descrédito
El dato más revelador del informe es el ranking de confianza institucional. Las universidades encabezan la tabla con el 59%. Detrás, a considerable distancia, aparecen las Fuerzas Armadas con 37% y la Iglesia con 27%. En el fondo quedan las instituciones más golpeadas: el Congreso Nacional apenas alcanza el 10%, los sindicatos el 11% y los partidos políticos el 12%.
«El descrédito de las instituciones es generalizado, pero hay una excepción notable: las universidades concitan el mayor nivel de confianza, en un contexto donde el Congreso apenas alcanza el 10%», sostiene el informe. La brecha entre ambos extremos es de 49 puntos. La universidad multiplica por seis la confianza que genera el Congreso.
El dato no es neutro políticamente. Llega en plena disputa entre el gobierno de Javier Milei y el sistema universitario, con el financiamiento en el centro del conflicto, un paro nacional de cinco días anunciado para el 16 al 20 de junio y la Corte Suprema sin pronunciarse sobre la Ley de Financiamiento. La sociedad valora lo que el gobierno cuestiona.
La segmentación por identidad política agrega un matiz inesperado. Los propios votantes de Milei confían en las universidades, «a pesar de la narrativa del gobierno sobre la transparencia de estas», según señala el informe. En el electorado del PJ-K, la universidad es prácticamente la única institución en la que confían. Y entre los independientes, alcanza el 44%, el valor más alto del segmento.
Estado mínimo o Estado presente: la grieta tiene número
En el debate sobre el rol del Estado, el 51% de los argentinos prefiere un Estado mínimo, frente al 36% que se inclina por un Estado presente. Pero ese número global oculta una polarización extrema al desagregar por espacio político.
Entre los votantes de Milei, el 66% opta por el Estado mínimo. En el PRO, esa posición trepa al 69%. En cambio, dentro del PJ-K, el 71% prefiere un Estado presente y solo el 27% acepta la reducción. Los independientes se ubican en el 55% a favor del Estado mínimo, lo que indica que la posición del gobierno es mayoritaria incluso fuera de su base propia.
En línea con eso, el 51% de los argentinos considera que el principal motor de la riqueza es el sector privado, frente al 35% que señala al Estado y el 14% que no sabe. En los espacios mileístas y del PRO predomina la atribución al sector privado. En el PJ-K, la idea de que el Estado genera riqueza tiene peso, aunque sin llegar a la mitad del segmento, lo que revela una composición interna más diversa de lo que la narrativa política suele mostrar.
En materia de apertura económica, el 40% prefiere un modelo aperturista y el 38% una posición intermedia. Solo el 23% apuesta por el proteccionismo, postura que aparece principalmente en segmentos de izquierda.
Seguridad: el consenso que cruza la grieta
El capítulo de seguridad revela el punto de mayor acuerdo transversal del relevamiento. El 78% de los argentinos cree que las leyes son demasiado blandas con los delincuentes. Solo el 9% las considera duras. Esa percepción se extiende incluso entre los votantes del PJ-K, donde el 60% comparte esa mirada —un dato que incomoda a la dirigencia peronista.
En los espacios más cercanos al gobierno, los números son todavía más contundentes: los mileístas llegan al 94%, el PRO al 98% y los independientes al 80%.
El acuerdo se rompe, sin embargo, cuando se pregunta cuál es la solución. El 54% elige endurecer leyes y penas; el 34% prioriza reducir las diferencias sociales. Allí se dibuja la grieta: el 98% de los mileístas apuesta por el endurecimiento penal, mientras el 79% del PJ-K prefiere reducir la desigualdad como respuesta estructural. El PRO acompaña la vía punitiva con el 75% y los independientes aparecen más divididos.
Protesta social: 55 contra 42
La pregunta sobre qué debe hacer el gobierno ante un corte de calles genera una de las divisiones más marcadas del informe. El 55% considera que el Estado debe garantizar el derecho a la protesta y buscar el diálogo. El 42% sostiene que debe priorizar la libre circulación usando la fuerza si es necesario.
Los números por espacio dejan poco margen para el matiz: el 82% de los mileístas apoya el uso de la fuerza. El 97% del PJ-K defiende el derecho a la protesta. El PRO acompaña la libre circulación con el 90% y la UCR con el 71%.
Esa polarización tiene consecuencias prácticas en la coyuntura actual: cada paro docente, cada corte, cada movilización universitaria se lee desde esas posiciones sin posibilidad de acuerdo.
Finalmente, cuando se preguntó qué define a una sociedad justa, el 66% respondió que es aquella en la que «cada uno recibe según su esfuerzo», frente al 26% que prefiere «que todos tengan lo mismo». Un dato que explica, al menos en parte, por qué el discurso de la meritocracia sigue siendo políticamente rentable incluso en un contexto de caída del poder adquisitivo.
