La Justicia federal avanzó contra el presidente de la ACTC y su hijo, también dirigente y piloto. Investigan maniobras por miles de millones y un entramado de empresas con base en La Plata.
El expediente judicial que involucra a Hugo Mazzacane y su hijo Gastón Mazzacane dio un salto clave: ambos fueron procesados por evasión fiscal agravada y quedaron alcanzados por embargos millonarios en una causa que apunta a un esquema sostenido de irregularidades económicas.
La decisión judicial impacta de lleno en la conducción de la Asociación Corredores Turismo Carretera, que hoy tiene a Hugo Mazzacane como presidente y a su hijo como parte de su estructura dirigencial, además de su rol como piloto en el Turismo Carretera.
Qué investiga la Justicia
Según surge de la causa, el eje está puesto en presuntas maniobras de evasión vinculadas a empresas del grupo familiar, muchas de ellas con actividad en La Plata y la región.
Los investigadores detectaron operaciones no registradas, subfacturación y movimientos patrimoniales que habrían tenido como objetivo reducir la carga impositiva y dificultar el seguimiento de fondos.
El monto en discusión ronda cifras multimillonarias, lo que explica la magnitud de las medidas dispuestas: embargos sobre bienes, cuentas y activos vinculados al entramado empresarial.
Embargos y medidas concretas
El fallo no se limitó al procesamiento. También incluyó medidas patrimoniales amplias:
- Embargos sobre propiedades e inmuebles
- Bloqueo de cuentas bancarias
- Afectación de vehículos y otros activos registrables
La lógica es clara: asegurar fondos ante una eventual condena y evitar movimientos que compliquen el recupero fiscal.
Además, en el expediente aparecen otros integrantes del entorno familiar y empresarial, lo que amplía el alcance de la investigación más allá de los dos nombres centrales.
El impacto en la conducción del TC
El dato más sensible es político-institucional: la causa alcanza directamente a quienes conducen la principal categoría del automovilismo argentino.
La ACTC no es una entidad menor. Maneja recursos importantes, organiza competencias en todo el país y tiene relación directa con sponsors, gobiernos provinciales y municipios.
En ese contexto, el procesamiento instala un interrogante inevitable sobre la continuidad de la actual conducción y sobre los controles internos en la institución.
La Plata, como punto de partida
El caso no es ajeno a la ciudad. Las empresas investigadas operaron en La Plata y el expediente se tramita en la Justicia federal local.
Sin necesidad de sobreactuar el vínculo, hay un dato concreto: se trata de dirigentes con historia en la región, con actividad económica radicada en el área y con conexiones dentro del entramado productivo local.
Ese punto explica por qué el tema empezó a seguirse de cerca en la ciudad, más allá del impacto deportivo.
Un contexto que potencia el caso
La causa se inscribe en un escenario donde la presión sobre la evasión fiscal volvió a ganar centralidad en la agenda nacional.
Con un Estado que busca reforzar controles y mostrar resultados en materia de recaudación, los expedientes de alto perfil —como este— adquieren mayor visibilidad.
No es un detalle menor que el caso involucre a un sector con exposición pública y fuerte arraigo popular.
Lo que puede venir
El procesamiento es una instancia intermedia: implica que la Justicia encontró elementos suficientes para avanzar, pero no define una condena.
A partir de ahora, el expediente podría escalar hacia un juicio oral si se consolidan las pruebas.
En paralelo, la presión sobre la conducción de la ACTC va a crecer. El margen para sostener el esquema actual dependerá tanto de la evolución judicial como de la reacción interna del propio automovilismo.
