El diputado Christian Castillo presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para reparar el daño que el Estado no supo prevenir. La tragedia tiene nombre y apellido en La Plata: el Hospital Italiano registró al menos 18 muertes.
La tragedia del fentanilo adulterado todavía no tiene cierre. Más de 111 muertos confirmados, decenas de sobrevivientes con secuelas, una causa judicial en marcha y familias que siguen esperando respuestas concretas del Estado. Este martes, en el Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, se presentó un proyecto de ley que da un paso en esa dirección: una pensión graciable, vitalicia y mensual para las víctimas y para los familiares de quienes no sobrevivieron.
La iniciativa es del diputado Christian Castillo y llegó acompañada de algo que no suele verse seguido en estos actos: los propios familiares de las víctimas presentes en la sala.
Quiénes cobrarían y cuánto
El proyecto contempla una compensación económica para quienes hayan sufrido daños graves, secuelas permanentes o un deterioro significativo en su salud tras recibir medicamentos elaborados con citrato de fentanilo adulterado o no apto para uso humano.
Para los casos fatales, el beneficio alcanza a los familiares en un orden de prioridad que incluye al cónyuge o conviviente, hijos menores de edad, hijos con discapacidad o incapacidad laboral y, en ausencia de todos ellos, a los padres que acrediten dependencia económica.
El monto será móvil y equivalente al salario de bolsillo de una categoría inicial de la administración pública provincial. No es una cifra extraordinaria, pero es un ingreso estable y permanente para personas cuya vida quedó marcada por una falla que no fue suya.
Un punto importante: el beneficio es compatible con indemnizaciones judiciales, seguros o coberturas de salud, aunque no puede percibirse en simultáneo con otra pensión graciable otorgada por los mismos hechos.
Más que plata: salud y acompañamiento
El proyecto no se limita a la compensación económica. Incorpora el acceso a la cobertura del IOMA y a un acompañamiento interdisciplinario que incluya atención médica, psicológica, psiquiátrica, social y de rehabilitación para las víctimas y sus familias.
También propone la creación de un Registro Provincial de Víctimas y Familiares, una herramienta para sistematizar la información, facilitar el acceso a los beneficios y dimensionar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del caso.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Salud bonaerense, con el IPS como organismo pagador.
La causa judicial y el peso de La Plata
La presentación del proyecto llega en medio de un proceso judicial que avanza. La Justicia Federal confirmó que las muertes vinculadas al fentanilo contaminado ascienden a 111, luego de analizar 159 casos clínicos, de los cuales 48 personas lograron sobrevivir.
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak encabezó la revisión de más de 170 historias clínicas de pacientes internados en distintos puntos del país. La investigación se concentró en los casos donde se acreditó compatibilidad clínica, suministro de fentanilo de HLB Pharma y presencia de bacterias mediante estudios específicos.
La dimensión local del caso es imposible de ignorar. El Hospital Italiano de La Plata, que además actúa como denunciante en la causa, registró al menos 18 muertes asociadas al suministro del opioide sintético adulterado. Las ampollas distribuidas estaban contaminadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia picketti, lo que expuso tanto responsabilidades empresariales como fallas graves en los controles sanitarios del Estado.
Lo que viene
El proyecto todavía tiene que recorrer el camino legislativo. Pero su presentación con los familiares como protagonistas visibles tiene un peso simbólico que va más allá del trámite parlamentario: es la primera iniciativa concreta de reparación económica y sanitaria para una tragedia que el sistema de salud no pudo —o no quiso— prevenir a tiempo.
Si avanza, La Plata sería uno de los distritos con mayor impacto directo, tanto por la cantidad de víctimas vinculadas al Hospital Italiano como por el rol central que tuvo el juzgado federal local en la investigación.
