Con apoyo de sectores de la UCR y de gobernadores que hasta hace poco se mostraban distantes, el Gobierno nacional consiguió frenar en Diputados la ley que buscaba restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei. La jugada obligará a que el proyecto regrese al Senado, donde el oficialismo busca ganar tiempo político en medio de una agenda parlamentaria adversa.
La maniobra se definió en los últimos minutos de la sesión, tras una modificación impulsada desde la Casa Rosada con la mediación de Martín Menem y Santiago Caputo, quienes se disputan el mérito de la operación. La abstención de los diputados radicales que responden a Rodrigo de Loredo, junto con legisladores cercanos a los gobernadores de Misiones, Salta, Tucumán, San Juan y Córdoba, permitió al oficialismo introducir un cambio en el artículo más sensible de la ley: el que establecía que los DNU caducarían si no eran ratificados por ambas cámaras en un plazo de 90 días.
Aunque el peronismo logró 140 votos a favor en la votación general, no pudo sostener esa mayoría en el punto clave. El artículo 3, que limitaba la vigencia de los decretos, obtuvo 127 votos, dos menos de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta de 129. Con esa diferencia mínima, el Gobierno logró que la iniciativa vuelva a la Cámara Alta, donde el peronismo mantiene el control pero los tiempos podrían extenderse hasta después de las elecciones de octubre.
Gobernadores aliados y abstenciones calculadas
El radicalismo fue decisivo. De Loredo anticipó a Menem que su bloque se abstendría, al igual que los legisladores misioneros alineados con Carlos Rovira. A ellos se sumaron los chubutenses Jorge “Loma” Ávila y Ana Clara Romero, leales al gobernador Ignacio Torres, que votaron en contra del proyecto. También se abstuvieron Ricardo López Murphy y los referentes de la Coalición Cívica Juan Manuel López, Victoria Borrego y Marcela Campagnoli.
Desde Salta, Gustavo Sáenz ordenó la ausencia de sus tres diputados, mientras que el tucumano Osvaldo Jaldo dispuso lo mismo con los integrantes de su bloque Independencia. Una serie de ausencias “coordinadas” que terminaron beneficiando al oficialismo.
Otros mandatarios como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes) y Alberto Weretilneck (Río Negro) también facilitaron el escenario con votos divididos o ausencias estratégicas. Incluso el santacruceño Claudio Vidal, habitual equilibrista, decidió esta vez alinear a sus diputados en contra de la ley.
Caputo y la disputa por el control político
En el entorno presidencial, Santiago Caputo celebró el resultado como un logro propio. El asesor más cercano a Milei considera que su intervención permitió frenar una seguidilla de derrotas legislativas y recuperar el vínculo con los gobernadores aliados. Desde el entorno de Martín Menem, sin embargo, rechazan esa versión y aseguran que fue el presidente de Diputados quien mantuvo las conversaciones decisivas con Pullaro, Torres y De Loredo.
La lectura en Balcarce 50 es que el resultado abre una ventana para reconstruir puentes con los bloques “colaborativos” de 2024. En la práctica, significa que el Gobierno podría retomar negociaciones con la UCR y los mandatarios de las provincias del norte, buscando mayor estabilidad en el Congreso.
Un debate sobre los límites del poder
Durante la sesión, la diputada Mónica Litza (Frente Renovador) defendió la iniciativa y recordó que “el Gobierno tuvo demasiada ayuda”. “Dadores voluntarios de gobernabilidad no les faltaron”, ironizó. Por su parte, Miguel Pichetto planteó que “el modelo actual de DNU está agotado” y que es necesario “recuperar el debate institucional en el Congreso para salir del conflicto que genera caos político”.
Del otro lado, la tucumana Paula Omodeo, aliada de Milei, acusó al peronismo de promover “una agenda de desestabilización”, mientras que el libertario Nicolás Mayoraz sostuvo que “no puede modificarse el diseño constitucional a través de una ley”.
El punto más conflictivo seguirá siendo el artículo que define los tiempos de vigencia de los DNU. Aunque la oposición consiguió restablecer la cláusula que permite anular un decreto si una sola cámara lo rechaza, la modificación impulsada por el oficialismo posterga cualquier efecto inmediato sobre la herramienta preferida de Milei para gobernar.
Por ahora, la Casa Rosada gana tiempo y evita una nueva derrota política. Pero el reloj parlamentario sigue corriendo: si el Senado aprueba la ley y el Presidente decide vetarla, el debate se trasladará a un Congreso con nueva conformación, donde los libertarios esperan contar con más respaldo para sostener su estrategia de gobierno por decretos.
