El juez federal Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba en la causa contra el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, acusado de enriquecimiento ilícito y de falsificar su declaración jurada. El pedido clave apunta al Banco Provincia, al que le exigió un análisis completo de todos los pagos realizados entre 2024 y 2026 para saldar un crédito hipotecario de 60 millones de pesos.
La causa contra Francisco Adorni, diputado provincial por La Libertad Avanza y hermano del exjefe de Gabinete nacional Manuel Adorni, sumó este martes un capítulo con nombre propio: el Banco Provincia.
El juez federal Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba antes de resolver si hace lugar al pedido de indagatoria que presentó el fiscal Guillermo Marijuán, que investiga al legislador por presunto enriquecimiento ilícito y por «omisión maliciosa», es decir, por falsificar sus declaraciones juradas.
Qué le pidió el juez al Banco Provincia
El corazón de la nueva batería de medidas pasa por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Rafecas le envió un pedido de informe a la entidad para reconstruir, pago por pago, cómo Adorni canceló un crédito hipotecario de 60 millones de pesos entre 2024 y 2026.
El objetivo del requerimiento es directo: comprobar si el diputado tuvo capacidad económica real y comprobable para afrontar esa cancelación, o si el dinero utilizado no se condice con los ingresos que declaró en ese mismo período. Que la entidad elegida para el crédito sea justamente el banco público bonaerense —con estrecha relación institucional con la Legislatura provincial donde Adorni ejerce su banca— le suma al expediente un condimento político adicional en plena Provincia de Buenos Aires.
Otros frentes de la investigación
En paralelo al pedido bancario, el juzgado también requirió a la Legislatura bonaerense el envío de la última declaración jurada de Adorni como legislador provincial, y solicitó oficios al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia para verificar titularidad, valuación y condiciones de ingreso al patrimonio de dos propiedades puntuales.
La Justicia busca además determinar el origen real de 21 millones de pesos que Adorni incorporó en una rectificación de su declaración jurada, adjudicados a una herencia, presentada justo después de que se abriera la causa judicial en su contra.
La acusación del fiscal
Marijuán no solo acusó a Adorni de omisión maliciosa de documento público: también lo señaló por ocultar cuentas bancarias y bienes de forma deliberada, y remarcó que, por su profesión de perito contador y sus funciones previas en el Consejo de la Magistratura bonaerense, el diputado conocía en detalle la confección de ese tipo de documentos.
Un dato que refuerza las sospechas del fiscal: los montos que Adorni rectificó respecto de la herencia de su padre fallecido no coinciden con el informe de bienes patrimoniales que presentó su hermano, Manuel Adorni.
Una segunda causa en Comodoro Py
En paralelo, la Cámara Federal unificó en los tribunales de Comodoro Py otra causa contra Adorni, vinculada a presuntas irregularidades en un préstamo de 40.000 millones de pesos relacionado con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).
Con la banca de Adorni radicada en la Legislatura bonaerense y el Banco Provincia como pieza central de la nueva pesquisa, el expediente vuelve a poner en el centro de la escena a un actor de La Libertad Avanza con peso institucional propio en Buenos Aires, en momentos en que el espacio libertario ya enfrenta otro frente judicial abierto en simultáneo a nivel nacional.
