El Ministerio de Seguridad reunió en Ituzaingó a representantes de los 24 municipios de la Primera Sección para discutir la actualización de la Ley 12.154. La foto política reunió a intendentes de distintos signos, mientras la Provincia acumula ya seis foros regionales antes de girar el proyecto a los legisladores.
El Gobierno bonaerense sumó un nuevo capítulo a la ronda de consultas por la reforma de la Ley de Seguridad Pública. Este viernes, funcionarios del Ministerio de Seguridad reunieron en Ituzaingó a representantes de los 24 municipios de la Primera Sección Electoral, una de las dos regiones del conurbano —junto con la Tercera— donde la inseguridad pesa más en la agenda pública y en la calle.
Por qué esta sección importa más que otras
No es un dato menor que el encuentro se haya hecho ahí. La Primera Sección concentra distritos con altísima densidad poblacional y algunos de los reclamos más urgentes en materia de seguridad urbana. Cualquier reforma que aspire a tener aplicación real necesita el visto bueno de esos intendentes antes de llegar a la Legislatura.
Quiénes estuvieron
La foto política mezcló espacios. Además del anfitrión, Pablo Descalzo (Ituzaingó), participaron Ariel Sujarchuk (Escobar), Federico Achával (Pilar), Damián Selci (Hurlingham), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ramón Lanús (San Isidro), Lucas Ghi (Morón), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Jaime Méndez (San Miguel) y Juan Luis Mancini (Suipacha), entre otros. Según la organización, los 24 municipios estuvieron representados, ya sea por sus jefes comunales o por funcionarios de Gobierno y Seguridad.
Qué busca cambiar la reforma
El objetivo es actualizar la Ley 12.154, sancionada hace casi tres décadas, para darle marco legal a funciones que los municipios ya vienen ejerciendo de hecho. Entre los ejes centrales:
- Reconocimiento formal del rol municipal dentro del sistema provincial de seguridad.
- Creación de mesas de coordinación local.
- Mayor articulación entre la Policía Bonaerense y los gobiernos municipales.
- Incorporación legal de herramientas que hoy operan sin marco normativo: centros de monitoreo, sistemas de alerta y programas de asistencia a víctimas.
La estrategia de Kicillof: consenso antes que imposición
El encuentro de Ituzaingó no es un hecho aislado. La Provincia ya recorrió la Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Sección Electoral sumando aportes de intendentes de distintos signos políticos. La lógica es clara: blindar el proyecto con el mayor consenso posible antes de exponerlo al debate legislativo, donde el oficialismo bonaerense no siempre garantiza mayorías automáticas.
La lectura política de fondo
Convocar a intendentes de otros espacios —no solo del propio— en plena previa electoral tiene un doble efecto: despolitiza (al menos en la superficie) una ley sensible como la de seguridad, y le permite a Kicillof mostrar capacidad de articulación territorial en un momento donde la interna con el kirchnerismo duro y la ofensiva libertaria en territorio bonaerense complican cualquier construcción de poder. Para los intendentes del conurbano, además, la reforma es una oportunidad para consolidar recursos y funciones que hoy ejercen sin respaldo legal claro.
Con la ronda de consultas ya en seis secciones electorales, resta saber cuándo el Ejecutivo dará por cerrado el proceso y en qué términos llegará el proyecto final a Diputados y Senado. La discusión promete ser un nuevo termómetro de la relación entre la Provincia y los intendentes de cara a 2027.
