La inflación acumulada del primer cuatrimestre superó el aumento pactado en marzo. Kicillof convoca a los gremios a revisar los números, pero adelanta que la situación fiscal es crítica. La paritaria del segundo semestre, que define los sueldos de julio a diciembre, se juega en junio.
La Provincia de Buenos Aires activó la mesa de monitoreo salarial pactada con los gremios estatales y docentes, pero sin ninguna oferta concreta sobre la mesa. La señal es clara: el Gobierno de Axel Kicillof quiere que los sindicatos vean los propios números antes de que llegue la reapertura formal de junio, y que entiendan por qué el margen es angosto.
El problema es que esos números no cierran a favor del Estado. La inflación acumulada entre enero y abril alcanzó el 11%, superando el 9% de recomposición salarial acordado para ese mismo cuatrimestre. Dos puntos de diferencia que, para los más de 600.000 trabajadores de la administración pública bonaerense, son pérdida de poder adquisitivo real.
Lo que acordaron en marzo y lo que pasó después
El 4 de marzo, el Gobierno provincial y los gremios ATE, UPCN y FEGEPPBA cerraron un acuerdo paritario del primer cuatrimestre con aumentos escalonados y una mesa de monitoreo en mayo, con reapertura formal pautada para junio.
El acta paritaria también establece que en caso de que la evolución de los indicadores —recaudación, IPC— se aparte de las proyecciones utilizadas como base del acuerdo, la reapertura podría adelantarse.
Esa condición, matemáticamente, ya está cumplida. Pero el Gobierno no tiene intenciones de apurarse.
La Provincia alerta por la crisis fiscal
Las autoridades provinciales insisten en que la fuerte caída en términos reales de los giros por coparticipación federal y las deudas que mantiene la Nación con el distrito restringen severamente los recursos disponibles para la política salarial.
Según los balances oficiales presentados ante los secretarios generales, la caída abrupta de la recaudación propia y los recortes de transferencias coparticipables dejaron las cuentas provinciales en un escenario de emergencia.
En La Plata, donde la administración pública provincial es uno de los principales empleadores de la ciudad, el impacto de un estancamiento salarial se siente en el consumo local, el comercio y los servicios. Cualquier acuerdo por debajo de la inflación es más plata que no llega a las cajas registradoras del centro o a los pasillos de City Bell.
Qué piden los gremios
ATE y UPCN exigen que cualquier nueva pauta salarial para el segundo semestre parta del sueldo básico real de mayo y no del histórico vigente en enero. El argumento es técnico, pero el efecto es político: liquidar sobre el básico de enero significa pagar menos.
La reapertura formal de junio es la instancia más importante del año para los trabajadores bonaerenses, porque define el porcentaje de aumento que aplica de julio a diciembre y determina la base del aguinaldo de fin de año.
El factor político que complica el escenario
Hay un dato que no aparece en las actas paritarias pero que los gremialistas miran con atención. El 13 de mayo, SUTEBA —el sindicato docente más grande de la Provincia— eligió nuevas autoridades. Roberto Baradel, secretario general histórico y aliado de Kicillof, no se presentó a la reelección. Su salida, en un contexto donde la izquierda avanza en los gremios, puede cambiar radicalmente el tono de la negociación de junio.
Si la nueva conducción de SUTEBA adopta una postura más combativa, la presión sobre el resto de los sindicatos para acompañar con medidas de fuerza —incluidos paros— se vuelve inevitable.
Proyección a corto plazo:
Todo indica que junio será el mes de mayor tensión laboral en la Provincia desde el inicio del año. Con la inflación por encima del acuerdo, los gremios con argumentos técnicos sólidos y un escenario político sindical en plena reconfiguración, la paritaria del segundo semestre difícilmente se cierre sin conflicto. Si el Gobierno no mejora la oferta de manera significativa, el segundo semestre podría arrancar con aulas y oficinas públicas en conflicto.
