El transporte público concentra dos de los efectos más concretos del ajuste del gobierno de Javier Milei sobre el bolsillo de los bonaerenses. Por un lado, el boleto mínimo de colectivo en la Provincia subió 1.545% desde diciembre de 2023, más del triple que la inflación acumulada.
Por otro, esta semana el Gobierno eliminó el régimen de compensaciones que el Estado pagaba a las empresas de larga distancia por los pasajes gratuitos que la ley les exige entregar a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer. El derecho a la gratuidad sigue en pie en el papel. El respaldo económico del Estado, no.
El boleto triplicó a la inflación en menos de tres años
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el boleto mínimo de colectivo en el territorio bonaerense pasó de $52,96 a $871,30 entre noviembre de 2023 y abril de 2026. La suba nominal es del 1.545%. La inflación acumulada en el mismo período fue del 303,5%. Eso significa que el aumento real del pasaje fue del 307%.
El subte porteño encabezó la escalada: pasó de $80 a $1.414, con una variación real del 337%. El tren fue el que menos subió en términos relativos, aunque también superó la inflación: de $33,29 a $280, con un aumento real del 119%.
Detrás de los números hay dos causas principales. La reducción de subsidios nacionales al transporte y el precio del gasoil, que aumentó 536% en el mismo período, más de 230 puntos por encima de la inflación.
El transporte se llevó del 2,6% al 17,3% del salario mínimo
El impacto sobre los ingresos es directo. En diciembre de 2023, un trabajador que viajaba en colectivo y subte durante 22 días hábiles destinaba el 2,6% del Salario Mínimo Vital y Móvil al transporte. En abril de 2026, esa proporción trepó al 17,3%.
Para quienes viven en el Conurbano y combinan colectivo, tren y subte, el gasto mensual en movilidad ya representa cerca del 15% del salario mínimo.
El SMVM pasó de $156.000 a $357.800 en el mismo período. Pero el poder de compra cayó cerca del 43% en términos reales, según CEPA. El resultado: el salario creció nominalmente, las tarifas lo triplicaron, y el transporte se volvió una carga mucho más pesada para quienes menos ganan.
El sistema acusa el golpe: en febrero de 2026, el uso del colectivo cayó 11,7% interanual, el tren 23,6% y el subte 6,4%. Menos pasajeros, tarifas más altas y menor actividad económica forman un círculo que CEPA advierte como señal de nuevas presiones sobre el sistema.
El Estado deja de pagar las gratuidades y la incógnita queda en las empresas
En paralelo, esta semana la Secretaría de Transporte publicó en el Boletín Oficial la Resolución 28/2026, que elimina el régimen de compensaciones económicas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por los boletos gratuitos que la ley les obliga a entregar.
Esas gratuidades abarcan a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera, y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
La resolución aclara que el derecho a viajar sin costo «permanece plenamente vigente y exigible». Las empresas deben seguir entregando los pasajes. Lo que cambia es que el Estado dejará de compensarlas económicamente por hacerlo.
El argumento oficial apela al Decreto 883/2024, que desreguló los servicios interjurisdiccionales y habilitó a las empresas a fijar libremente rutas, horarios y precios. Según la Secretaría de Transporte, ese cambio hace que el esquema de compensaciones ya no tenga sustento jurídico ni económico.
La CNRT quedará a cargo de garantizar el cumplimiento de las gratuidades. Pero la pregunta que el texto oficial no responde es práctica: sin compensación estatal, qué pasa si las empresas no cumplen. El ajuste fiscal tiene costos concretos. Quiénes los pagan, también es concreto.
