El conflicto universitario vuelve a ocupar el centro de la escena nacional. Docentes y no docentes de las universidades públicas anunciaron una serie de medidas de fuerza para los próximos días ante la falta de aplicación de la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo del veto presidencial.
Las federaciones del sector —entre ellas CONADU, CONADU Histórica y FATUN— advirtieron que el Gobierno de Javier Milei no solo mantiene congelados los salarios, sino que además incumple los plazos legales para poner en marcha la norma que garantiza fondos para funcionamiento, becas y actualización salarial.
Paros y jornadas de protesta en todo el país
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) defini
Docentes y no docentes de universidades públicas lanzan un nuevo plan de lucha en todo el país por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Paros, protestas y reclamos por salarios y presupuesto.ó un paro nacional de 24 horas y jornadas de protesta para el martes 21 y miércoles 22 de octubre, acompañadas de acciones de visibilización durante toda la semana. La decisión fue tomada en el plenario de secretarios y secretarias generales, donde se denunció que el Gobierno busca “debilitar la organización sindical” al desconocer las paritarias del sector desde hace más de un año.
“Estamos frente a una situación sumamente grave. A los salarios de pobreza se suma la precarización laboral y la posibilidad concreta de que se suspenda la aplicación de la ley, lo que pondría en riesgo el funcionamiento del sistema universitario y científico”, sostuvo Carlos De Feo, secretario general de CONADU.
CONADU Histórica: paro de 48 horas y reclamo por la plena aplicación de la ley
Desde la CONADU Histórica, se resolvió un paro de 48 horas para los mismos días. La federación reclamó la aplicación efectiva de la ley de financiamiento, que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y quedó firme tras el rechazo del veto presidencial.
“El presidente Milei debe cumplir con la ley. La norma garantiza los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades nacionales, las becas estudiantiles y las paritarias docentes. Su incumplimiento es una decisión política que apunta a desmantelar la educación pública”, expresaron desde la organización.
No docentes: paro y advertencia judicial
En paralelo, la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN) anunció que, si el Gobierno no reglamenta la ley antes del lunes, realizará un paro total de 24 horas el martes, afectando la actividad en todas las universidades del país.
“De no cumplirse la aplicación plena y efectiva de la ley, a partir del vencimiento de los plazos legales habrá paro total sin concurrencia a los lugares de trabajo”, advirtieron. Además, FATUN adelantó que promoverá acciones judiciales conjuntas con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y que el plan de acción se profundizará luego de las elecciones legislativas.
Universidades en estado de alerta
En distintas sedes del país, los gremios universitarios comenzaron a organizar actividades de visibilización, asambleas y conferencias para denunciar lo que califican como un “desguace del sistema universitario y científico público”.
En La Plata, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp) ratificó su adhesión a las medidas nacionales y difundió el lema: “Si no se promulga la ley, hay paro”. La organización advirtió que los trabajadores del sistema universitario “no permitirán que se desconozca una ley sancionada democráticamente” y exigieron paritarias libres, recomposición salarial y más presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología.
Con las medidas anunciadas, el conflicto universitario amenaza con paralizar gran parte de la actividad académica y administrativa en las casas de estudio públicas de todo el país, mientras el Gobierno mantiene silencio sobre la aplicación de una ley que busca garantizar el financiamiento de la educación superior.
