El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que favoreció a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF volvió a encender una discusión de fondo que atraviesa a la política y a la economía: el rol del Estado en sectores estratégicos. En ese escenario, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no solo defendió la estatización de la petrolera, sino que también apuntó con dureza contra el presidente Javier Milei por su posicionamiento frente al litigio.
Desde la Casa de Gobierno bonaerense, Kicillof encabezó una conferencia de más de una hora en la que combinó argumentos técnicos, reconstrucción histórica y un mensaje político directo: pidió “prudencia” al Gobierno nacional y advirtió que cuestionar la expropiación puede debilitar la defensa argentina en tribunales internacionales.
“Si desde la conducción del Estado se insiste en que estuvo mal hecho, se le da aire a los demandantes para nuevas apelaciones”, sostuvo, en referencia al conflicto que aún podría escalar en otras instancias judiciales.
El fallo y la disputa política
La decisión judicial en Estados Unidos dejó sin efecto la sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares. Si bien el resultado fue celebrado por distintos sectores, rápidamente derivó en una nueva grieta política.
Kicillof cuestionó que el Presidente haya relativizado la expropiación y lo acusó de “darle la razón” a los fondos litigantes. “Es riesgoso y contrario al interés nacional”, insistió.
Del otro lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce en redes sociales y desestimó los argumentos del gobernador, marcando la tensión que atraviesa al oficialismo y a la oposición en torno a YPF.
Privatizaciones en la mira: el eje del discurso
Lejos de limitarse al fallo, el gobernador utilizó el escenario para reabrir el debate sobre las privatizaciones de los años ‘90 y sus consecuencias. Según su análisis, la experiencia de YPF bajo control de Repsol es el ejemplo más claro de los riesgos de desprenderse de activos estratégicos sin regulaciones ni controles.
Kicillof sostuvo que durante ese período la producción de petróleo y gas cayó de manera significativa, lo que llevó a la pérdida del autoabastecimiento energético. Ese cambio, explicó, tuvo un impacto directo en la macroeconomía: Argentina pasó de exportar energía a depender de importaciones, con una fuerte presión sobre las reservas.
“Lo que empezó como un problema de gestión empresaria terminó siendo un problema estructural de divisas”, planteó.
Además, cuestionó que las utilidades generadas en el país no se reinvirtieran en exploración ni desarrollo local, lo que, según su visión, consolidó una lógica de vaciamiento.
De la expropiación al juicio internacional
La recuperación del 51% de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue el punto de partida del conflicto judicial que aún sigue abierto. Kicillof, entonces ministro de Economía, tuvo un rol central en el diseño y la defensa de la medida.
Tras la expropiación, el Estado argentino acordó en 2014 una compensación de unos 5.000 millones de dólares con Repsol, lo que cerró el frente principal del conflicto. Sin embargo, otros accionistas minoritarios avanzaron con demandas que terminaron en manos de fondos especializados en litigios, como Burford Capital.
En 2023, la jueza Loretta Preska falló contra la Argentina, pero la reciente decisión de la Cámara de Apelaciones revirtió ese escenario y alivió, al menos por ahora, el frente judicial.
Soberanía energética y precios: el impacto en la vida cotidiana
Kicillof buscó llevar la discusión a un terreno más cercano a la vida diaria, especialmente en un contexto de suba sostenida de los combustibles. Con naftas que ya superan los $2000 por litro, el gobernador planteó que YPF cumple un rol clave para amortiguar los efectos de la volatilidad internacional.
“Cuando hay conflictos globales o subas del petróleo, contar con una empresa nacional permite intervenir en el mercado y evitar que todo el impacto recaiga sobre los consumidores”, señaló.
En esa línea, vinculó el conflicto judicial con la política económica actual y cuestionó el enfoque del Gobierno nacional. “Privatizar para conseguir dólares en el corto plazo puede generar problemas más graves en el largo”, advirtió.
Milei, el modelo económico y el trasfondo del conflicto
El gobernador fue más allá del caso puntual y enmarcó el debate en una disputa de modelos. Según planteó, la administración de Milei retoma una lógica similar a la de los ‘90, con una visión que prioriza la apertura y la transferencia de activos al sector privado.
“Hay sectores que siempre se alinean con intereses externos y con los fondos que litigan contra el país”, lanzó, en uno de los pasajes más duros de su exposición.
También cuestionó la idea de avanzar con nuevas privatizaciones, entre ellas la de YPF, que fue incluida en el listado de empresas sujetas a venta durante la discusión de la Ley Bases.
Un conflicto que excede a YPF
El fallo en Nueva York no cierra el capítulo judicial, pero sí reconfigura el escenario político. Para Kicillof, la causa deja “enseñanzas” que van más allá de la petrolera: advierte sobre los riesgos de perder control sobre recursos estratégicos y plantea la necesidad de sostener una política energética con eje en el desarrollo interno.
Con la economía atravesada por tensiones cambiarias, suba de precios y debate sobre el rumbo productivo, el caso YPF vuelve a ocupar un lugar central. Y en esa discusión, como quedó claro en las últimas horas, no solo se juega una disputa judicial, sino también la orientación económica del país.
