La Justicia penal de La Plata elevó a juicio oral la causa en la que están imputados nueve ex jefes y una oficial de la Policía bonaerense, acusados de recaudar dinero ilegal en las comisarías de la capital provincial, informó hoy una fuente judicial.

La medida la adoptó hoy la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, luego que las defensas de los ex policías involucrados no pusieron objeciones a la requisitoria del fiscal penal Marcelo Martini que instruyó la causa.

La fuente detalló que elevó el expediente a la Cámara de Apelaciones y Garantías para que proceda al sorteo que definirá el Tribunal Oral Criminal que juzgará a los ex policías.

En la causa, están imputados y detenidos el ex titular de la Departamental La Plata, Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj y el ex jefe de calle, Ariel Huck.

También los ex comisarios Sebastián Cuenca (de la 3ra. de Los Hornos), Raúl Frare (de la 12da. de Villa Elisa), Sebastián Velázquez (de la 2da. de Barrio Norte) y Julio Sáenz (de la 6ta. de Tolosa).

Además está imputado el ex comisario Juan Retamozzo (de la 4ta) pero nunca fue detenido y también estuvo preso el ex comisario Federico Máximo Jurado (de la 16ta.) pero fue hallado muerto en enero último en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria Nueve de la capital bonaerense.

Retamozo fue el único ex jefe policial que se negó a una pericia caligráfica que pedía el fiscal debido a que de los 36 sobres incautados en la Departamental La Plata el 1 de abril de 2016, tres indicaban que su origen era la comisaría 4ta.

Ante ello, Martini procesó a Retamozo por asociación ilícita al considerar que "fue autoincriminatorio" el hecho de que el ex comisario no participara de esa prueba.

Los ex jefes policiales están acusados del delito de “asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión (coimas)” mientras que María de los Ángeles Ramírez, una oficial que se desempeñaba como administrativa en la Departamental, fue acusada de “encubrimiento agravado”.

La causa se inició el 1 de abril cuando una denuncia anónima advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la departamental de Seguridad de La Plata recaudaba alrededor de 200.000 pesos por mes de coimas.
A partir de entonces, se realizó un procedimiento en la Departamental ubicada en la calle 12 entre 60 y 61 de La Plata, donde se secuestraron 36 sobres con 153.700 pesos y en cada uno de ellos estaba escrito de qué repartición provenían.

Al hacer lugar al pedido de prisión preventiva formulado por Martini, la jueza dio por acreditado que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 “un grupo de al menos seis policías integraron en forma organizada una asociación con el propósito de cometer delitos en el ámbito de la jefatura en la que prestaban servicios”.

Garmendia consideró que se recaudaba dinero en forma ilegal con la participación de policías de diferentes dependencias de la jurisdicción “que luego lo entregaban a la jefatura departamental y lo distribuía de acuerdo a la jerarquía que ocupaban”.

En su fallo, sostuvo que del operativo participaban 13 comisarías de La Plata y la división Patrulla Motorizada “quienes solicitaban y exigían la entrega de distintas sumas de dinero a comerciantes, por ejemplo, a cambio de seguridad o funcionar sin habilitación o a personas para vender estupefacientes”.

Entre ellos, cita el caso de una remisería que pagaba 300 pesos por semana o de un supermercado que entregaba mil pesos, ambos para garantizar la seguridad en sus comercios.

Para Garmendia, los jefes policiales integraban una “organización con permanencia y estructura jerarquizada con férreas normas de funcionamiento interno donde el poder decisorio recae en la cúpula”.

Consignó también que el dinero que se les exigía a los comerciantes se obtenía “valiéndose del temor funcional que reviste el cargo policial” y detalló que los ingresos de los jefes de las comisarías que iban a entregar los sobres con dinero “no se registraban en el libro de guardias de la Departamental”.

“La falta de registro de ingresos pone en evidencia la clara intención de evitar registro alguno del personal policial que concurría al lugar a entregar el dinero mal habido y asegurar su impunidad”, graficó.

Pese a que el fallo fue ratificado por la mencionada Cámara de La Plata, en enero último un polémico fallo de la Sala de feria del Tribunal de Casación provincial ordenó la libertad de los policías.
Sin embargo, el mes pasado la Suprema Corte de Justicia provincial anuló esa resolución y los ocho ex comisarios volvieron a ser detenidos el pasado 23 de junio.