A cinco meses del recambio, Diputados y Senado siguen sin definir autoridades de comisiones. La interna entre Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador frena leyes que impactan de lleno en la Capital provincial: desde el Plan Hidráulico hasta obras en la Autopista y el Teatro del Lago.
La Legislatura bonaerense lleva apenas dos sesiones en lo que va de 2026, ninguna de carácter ordinario. A la vuelta de la esquina del 1° de mayo, el edificio de calle 7 entre 51 y 53 funciona más como sede de reuniones de pasillo que como cámara legislativa. Y el motivo no es técnico: es político, y tiene nombre y apellido.
El reparto de las presidencias de las comisiones —donde se cocinan los proyectos antes de llegar al recinto— sigue empantanado por la disputa interna del peronismo entre el cristinismo, el kicillofismo y el massismo, con La Libertad Avanza acechando con pedidos de mayorías que el bloque considera desmedidos.
El nudo está en el Senado
En Diputados, presidida por Alejandro Dichiara, los acuerdos están más avanzados. La rosca se acomoda con una distribución que respeta el peso histórico de cada sector: General Legislación quedaría para el massista Rubén Eslaiman, Presupuesto para Juan Pablo De Jesús y Asuntos Constitucionales y Justicia para Lucía Iáñez.
El verdadero cuello de botella está en el Senado. Allí, tras la salida de Gustavo Soos en diciembre, la comisión de General Legislación se transformó en el campo de batalla. El Frente Renovador empuja a Malena Galmarini; el kicillofismo responde con dos cartas posibles: Germán Lago o Ayelén Durán. Ninguno cede.
A eso se suma la pelea por la comisión de Reforma Política, una pieza estratégica en un año electoral. La Cámpora pone fichas a Micaela Olivetto y LLA, lejos de hacerse a un lado, también reclama esa presidencia. Asuntos Constitucionales, donde se discuten los pliegos judiciales, iría para el camporista Emmanuel González Santalla. Presupuesto sigue en manos de Marcelo Feliú.
Lo que se traba mientras tanto
La parálisis no es un dato menor para La Plata. Mientras los bloques negocian quién maneja qué, duermen en cajones leyes que el gobernador Axel Kicillof necesita aprobar este año: el régimen de producción pública de medicamentos —con planta en Ensenada— y la nueva ley de personal policial, que afecta directamente a la fuerza que opera en el Gran La Plata.
Tampoco avanzan los proyectos de la oposición vinculados a la reforma electoral, justo cuando se discute el desdoblamiento, la Boleta Única Papel y el destino de las PASO en Provincia.
La sombra del endeudamiento de Kicillof
Hay otro fantasma que sobrevuela la inacción: los USD 3.685 millones de endeudamiento que la oposición le pateó al gobernador en noviembre pasado, cuando se votó el Presupuesto 2026. Sin ese financiamiento aprobado, varias obras emblemáticas para la región quedan en stand by.
El Plan Hidráulico para el Gran La Plata —pieza central tras la inundación de 2013 y todavía con tramos pendientes—, la ampliación de la Autopista Buenos Aires-La Plata, la pavimentación de la Ruta de los Cereales y la restauración del Teatro del Lago dependen, en buena medida, de que esa caja se libere. Sin comisiones funcionando, ni siquiera arranca el debate.
La verdadera pelea es por 2027
Detrás de los nombres y los cargos, lo que se juega es otra cosa. Cada presidencia de comisión es un casillero en el tablero rumbo a la sucesión de Kicillof. La Cámpora quiere asegurar control sobre las áreas que tocan justicia, reforma política y presupuesto. El gobernador necesita conservar herramientas para mostrar gestión. Massa, con un pie afuera y otro adentro, busca no perder pisada en un territorio donde Tigre y la Tercera Sección siguen siendo su base.
La provincia más poblada del país, con un presupuesto que supera los $40 billones, tiene su Legislatura funcionando a media máquina. Y los costos de esa parálisis los paga, antes que nadie, la gestión cotidiana: desde la obra pública en el conurbano hasta los servicios que se prestan en la propia capital provincial.
Qué viene la próxima semana
En los despachos de calle 7 se descuenta que entre el lunes 4 y el miércoles 6 podrían cerrarse los nombres faltantes. Si el acuerdo se sella, las primeras sesiones ordinarias podrían convocarse antes de fin de mes. Si no, la siesta se extiende y la presión sobre el oficialismo —que tiene la responsabilidad institucional de hacer funcionar la Cámara— va a crecer en un año donde cada movimiento se mide en clave 2027.
