El gobernador firmó un decreto que habilita al Ente Administrador a suscribir contratos comerciales y litigar judicialmente sin pasar por instancias provinciales. La medida llega en un cuadro crítico: el sillón presidencial está vacío desde agosto, el 83% del presupuesto se va en sueldos y la producción está casi paralizada.
La paradoja es difícil de esquivar. Mientras el Astillero Río Santiago suma facultades para operar más rápido, sigue sin alguien que lo conduzca. El gobierno de Axel Kicillof firmó un decreto reglamentario que le otorga al Ente Administrador del astillero la potestad de firmar contratos comerciales y manejar procesos judiciales sin tener que atravesar el circuito habitual del Ejecutivo bonaerense. Pero el cargo de presidente del organismo está vacante desde agosto del año pasado.
La medida apunta a destrabar la gestión cotidiana de uno de los polos industriales más emblemáticos de la región. El problema es que ninguna agilidad administrativa alcanza si arriba no hay quien tome las decisiones estratégicas que la planta de Ensenada está esperando hace meses.
Qué cambia con el decreto
Hasta ahora, cualquier contrato comercial o demanda judicial vinculada al ARS debía atravesar un circuito administrativo que demoraba semanas o meses. Con la nueva reglamentación, el directorio del Ente Administrador queda habilitado a tomar esas decisiones de manera directa, lo que en teoría agiliza desde la firma de servicios hasta la cobranza de deudas y la gestión de litigios.
La medida es de gestión, no de modelo. El astillero sigue siendo provincial y autárquico, con todas las regulaciones que eso supone. Lo que se busca, según fuentes provinciales, es ponerle aceite al engranaje administrativo de un organismo que vive en un limbo de decisiones postergadas.
El sillón vacío que pesa más que el decreto
El gran agujero institucional del ARS es la presidencia. Desde la salida de Pedro Wasiejko, referente de la CTA de los Trabajadores, en agosto del año pasado, el cargo está vacante. El Ministerio de Producción bonaerense, conducido por Augusto Costa, todavía no designó un reemplazo y eso impacta de lleno en la conducción política y en la planificación de mediano plazo.
Sin presidente, las decisiones estratégicas —desde la búsqueda de nuevos contratos hasta la negociación con armadores nacionales e internacionales— quedan en suspenso. El decreto suma herramientas, pero no resuelve el problema de fondo: alguien tiene que sentarse en el sillón principal y conducir.
Una radiografía dura
Los números explican el contexto. El presupuesto 2026 del Astillero Río Santiago alcanza los $105.000 millones. De ese total, $87.000 millones se van directamente al pago de sueldos, mientras que apenas $7.000 millones quedan para inversión. La planta laboral ronda los 2.900 trabajadores y la actividad productiva está reducida a su mínima expresión.
Eso convierte al ARS, según el diagnóstico que circula incluso en sectores oficialistas, más en una estructura de pago de haberes que en un polo industrial activo. Una situación insostenible en el largo plazo, sobre todo en un contexto donde la Nación señala al Astillero como uno de los organismos en la mira de eventuales reformas o procesos de privatización.
El conflicto que se metió por dentro
Al cuadro institucional y productivo se le suma un conflicto sindical fuerte. Desde octubre del año pasado, la seccional de ATE Ensenada que conduce el ARS atraviesa una tensión interna que combina denuncias por corrupción y nepotismo, con una rebelión de bases contra la conducción gremial. La fractura del cuerpo de delegados suma ruido a una situación ya delicada.
Para los trabajadores que viven en Ensenada, Berisso y la propia capital provincial, el escenario combina incertidumbre laboral con deterioro salarial. Las paritarias del sector vienen cerrando por debajo de la inflación y los reclamos del año pasado terminaron con movilizaciones a la Gobernación.
Por qué importa para la región
El Astillero Río Santiago no es un caso provincial más. Junto al polo petroquímico de Ensenada y la actividad portuaria, es uno de los pilares productivos del Gran La Plata. Históricamente fue motor de empleo industrial y de servicios, con una red de proveedores, talleres y comercios que dependen, directa o indirectamente, de su actividad.
Que el astillero produzca o no produzca tiene impacto inmediato en el mapa económico regional, en el consumo de los barrios de Ensenada y Berisso, y en la propia identidad obrera de una zona que se reconoce a sí misma como cuna del sindicalismo bonaerense. Cualquier reforma o decisión sobre su futuro mueve fichas mucho más allá del organismo en sí.
La pulseada con Nación
El telón de fondo político es la pelea más amplia entre Kicillof y la Casa Rosada. En la mira del Ejecutivo nacional aparecen organismos provinciales y empresas estatales como potenciales blancos de reformas o transferencias, en un contexto de discusión por la coparticipación, los subsidios y los fondos para infraestructura.
El decreto que le da más herramientas administrativas al ARS puede leerse como un movimiento defensivo: blindar el organismo, hacerlo operable, tener capacidad de respuesta ante eventuales presiones. Es un mensaje hacia adentro de la Provincia y hacia afuera, en plena puja con un Gobierno nacional que viene marcando sus diferencias con el modelo bonaerense.
Lo que se viene
La hoja de ruta de las próximas semanas incluye tres definiciones clave. La primera, la designación del nuevo presidente del Astillero, una decisión que se viene postergando y que necesariamente debe llegar para que el decreto tenga sentido práctico. La segunda, la búsqueda de contratos productivos: licitaciones de la Armada, eventuales acuerdos internacionales y proyectos de defensa que puedan reactivar la planta. La tercera, la pulseada salarial y el conflicto sindical interno, que sigue siendo un riesgo concreto para cualquier intento de reactivación.
Para la región, el termómetro va a estar puesto en si el Astillero recupera dinamismo o si el escenario actual se cristaliza. Detrás de cada decisión hay 2.900 puestos de trabajo y un ecosistema productivo que mira con atención cada movimiento del Gobierno provincial. El decreto firmado esta semana es un paso administrativo, pero la pelea política y económica recién empieza.
