Trece diputados de cinco bloques firmaron el pedido para tratar la interpelación al jefe de Gabinete por las denuncias de enriquecimiento ilícito y los chats con el contratista. La sesión está convocada para este jueves 14 de mayo. Sin firma de Unión por la Patria, pero con apoyo confirmado para llegar al quórum.
La crisis política que envuelve a Manuel Adorni entra esta semana en una etapa decisiva. La oposición convocó formalmente a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el jueves 14, con el objetivo de empujar la interpelación del jefe de Gabinete por las denuncias de enriquecimiento ilícito, los chats con el contratista y los gastos no declarados. La jugada apunta a poner contra las cuerdas al Gobierno y, sobre todo, a exponer públicamente a los sectores dialoguistas que vienen colaborando con el oficialismo.
El pedido de sesión lo firmaron trece diputados de cinco bloques distintos. Una composición transversal que muestra la magnitud política del problema: no es un planteo de un solo espacio, sino un cerco que se arma desde la centroizquierda, la centroderecha republicana y la izquierda dura.
Quiénes firmaron y qué se pide
Los trece firmantes provienen de cinco espacios. Por Provincias Unidas, Esteban Paulón, Pablo Juliano, María Inés Zigarán, Pablo Farías y Mariela Coletta. Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. Por Encuentro Federal, Nicolás Massot. Por Defendamos Córdoba, Natalia De la Sota. Y por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y Néstor Pitrola.
A la lista se le suma un nombre cargado de simbolismo: la ex libertaria Marcela Pagano, hoy una de las voces más fuertes en el reclamo. Fue ella quien denunció penalmente a Adorni y pidió la aplicación de la «doctrina Irurzun» por presunto apriete a un testigo en la causa judicial.
El objetivo concreto de la sesión es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que dictaminen sobre los cuatro proyectos de interpelación que descansan en el Congreso. Sin ese emplazamiento, los expedientes no avanzan porque las dos comisiones están controladas por La Libertad Avanza.
El faltante kirchnerista y la pelea por el quórum
El dato político que más resuena en los pasillos es la ausencia de la firma de Unión por la Patria en la convocatoria. El bloque que conduce el kirchnerismo no aportó su rúbrica al pedido, aunque ya confirmó que asistirá a la sesión si se llega al quórum. Es una distinción importante: no impulsa, pero acompaña.
La cuenta numérica es ajustada. Para sesionar hacen falta 129 diputados presentes y, para terminar removiendo al jefe de Gabinete por la vía parlamentaria, una mayoría calificada que hoy luce todavía lejos. Por eso la pelea fina no es por la sanción final, sino por la sesión misma. Llegar al recinto ya es, en sí mismo, un triunfo político para la oposición y un dolor de cabeza para el oficialismo.
La trampa para los dialoguistas
El movimiento opositor tiene una lectura política más profunda de lo que sugiere el dato técnico. La convocatoria empuja a los bloques dialoguistas —los gobernadores y sus diputados, parte de la UCR, algunos sectores del PRO— a tomar posición pública sobre el caso.
Hasta ahora, esos espacios venían operando como amortiguadores del Gobierno en cada votación clave. Si dan quórum para tratar la interpelación, abren un flanco institucional contra Adorni que puede ser difícil de cerrar. Si no lo dan, quedan expuestos como sostén indirecto de un jefe de Gabinete investigado por enriquecimiento ilícito.
Es lo que en los pasillos se llama «una sesión de exposición». El objetivo no es necesariamente ganar la votación, sino retratar a cada legislador en su decisión. Y, sobre todo, presionar a los gobernadores que terminan operando como verdaderos electores intermedios de cualquier sanción parlamentaria.
La trama judicial y económica que pesa
Detrás del pedido parlamentario hay un cuadro judicial que viene escalando. La denuncia por enriquecimiento ilícito apunta a 245.000 dólares en gastos no declarados por la remodelación de la casa de Adorni y a chats con el contratista Matías Tabar previos a su declaración como testigo. La hipótesis de la fiscalía y de los denunciantes es que el funcionario intentó incidir en el contenido de esa declaración.
Pagano sostiene que la situación habilita la aplicación de la «doctrina Irurzun», el criterio jurisprudencial que permite imponer prisión preventiva por riesgo de obstrucción a la Justicia para funcionarios en ejercicio. El argumento, hasta ahora, no fue procesado por los tribunales, pero forma parte del clima político que rodea el caso.
A todo esto se suma la propia interna del Gobierno. Patricia Bullrich pidió en público que aparten al jefe de Gabinete hasta que se aclare la causa. Karina Milei reaccionó con bronca. Luis Caputo, según trascendió, también empujó por el reemplazo. Y Guillermo Francos deslizó que «el tema tenía que haberse terminado mucho antes». Una arquitectura de presiones que la oposición lee como oportunidad.
La lectura desde Buenos Aires
Para la provincia y la región, la sesión del jueves importa por una razón concreta: cada movimiento en la Cámara va a obligar a los diputados bonaerenses a fijar posición. La provincia tiene una de las representaciones más numerosas en el Congreso y esta votación va a ser un termómetro del estado de ánimo de los bloques territoriales en pleno año electoral.
A eso se le suma la mirada estratégica. La causa Adorni se está convirtiendo en un nudo donde se cruzan la interna libertaria, los movimientos de Bullrich y Macri, y la pelea por la sucesión de Kicillof en 2027. Lo que pase el jueves no va a ser un episodio aislado: va a recalibrar la geometría política de los próximos meses.
Lo que se viene
La sesión está convocada para el jueves 14 a primera hora. Los próximos dos días van a estar marcados por dos negociaciones paralelas. Por un lado, la oposición trabajando para asegurar el quórum y blindar la presencia de los bloques territoriales. Por el otro, La Libertad Avanza, los Menem y la mesa chica de Karina Milei moviendo influencias para evitar que la sesión se concrete o, en caso de que se concrete, para minimizar el costo político.
El escenario abre tres posibilidades. Si la oposición logra quórum y avanza el emplazamiento, Adorni quedará formalmente en el horno parlamentario y el Gobierno tendrá que decidir cómo procesarlo. Si no llega, la interpelación queda en suspenso pero el desgaste sigue, porque el caso judicial avanza por su propio cauce. Y si la votación se cae por ausencias estratégicas, el costo va a recaer sobre los dialoguistas, justo cuando los gobernadores empiezan a calibrar sus jugadas rumbo a octubre.
En cualquiera de los tres caminos, la pelea por Adorni dejó de ser un episodio judicial para transformarse en un tablero político de alta densidad. La interpelación no es un trámite: es el primer round formal de una pulseada institucional que va a marcar el ritmo del año.
