El mes de junio arranca con una pregunta que no debería ser difícil de responder pero que en la Provincia de Buenos Aires este año genera incertidumbre real: ¿van a cobrar el aguinaldo en tiempo y forma los 600.000 empleados del Estado bonaerense? Docentes, trabajadores de la salud, administrativos, policías. Todos esperan el medio aguinaldo antes del 30 de junio. Y todos esperan además que junio sea el mes con el sueldo más alto del semestre, porque de eso depende cuánto les entra por el SAC.
Kicillof tiene que resolver las dos cosas al mismo tiempo: abrir la paritaria, ofrecer un aumento que los gremios acepten, y garantizar que la liquidación llegue antes de que cierre el mes. Todo esto con las arcas provinciales en el peor momento desde la pandemia.
La inflación se comió el acuerdo
El acuerdo paritario firmado el 4 de marzo estableció un aumento del 9% en tres tramos para el período enero-abril. El problema es que la inflación de ese mismo período llegó al 11%. Dos puntos de diferencia que, sobre los sueldos del sector público bonaerense, representan miles de millones de pesos y una pérdida de poder adquisitivo concreta para cada familia.
Esa brecha es el punto de partida con el que ATE y UPCN llegan a la reapertura de junio, que el propio acuerdo de marzo establece como obligatoria. El mismo acuerdo dice que si los indicadores se apartaron de las proyecciones, las partes pueden anticipar esa reapertura. Lo hicieron.
Lo que piden los gremios
Los sindicatos llegan con cuatro demandas concretas. Primero, que el nuevo porcentaje compense la diferencia entre lo que se acordó y lo que se perdió: mínimo dos puntos, aunque en privado piden más. Segundo, que el aumento se calcule sobre el básico real de mayo y no sobre el básico de enero, para que los porcentajes no se acumulen siempre sobre el mismo piso. Tercero, que el bono de $20.000 que la Provincia otorgó como complemento se incorpore al básico remunerativo, para que entre en el cálculo del aguinaldo y de la antigüedad. Y cuarto, que el aumento de junio se liquide dentro del mes, no en julio.
Este último punto no es menor. El aguinaldo se calcula sobre el mayor sueldo bruto del semestre enero-junio. Si el aumento de junio se paga después del 30, no entra en la base de cálculo del SAC. Para un administrativo con básico de $750.000, la diferencia entre cobrar un 8% de aumento en junio o en julio es una diferencia de $30.000 brutos en el aguinaldo. Los gremios saben ese número de memoria.
El límite real de la Provincia
Kicillof no llega a esta negociación con margen cómodo. El propio ministro de Economía provincial, Pablo López, reconoció ante los intendentes que las arcas bonaerenses atraviesan el peor momento desde la pandemia. Los números que circularon en esa reunión a puertas cerradas son contundentes: la coparticipación federal cayó 6,5% en términos reales en el primer trimestre, la Nación le adeuda a la Provincia más de $22 billones en transferencias impagas de educación, salud y transporte, y el gasto en personal ya representa más del 60% del presupuesto total.
Cada punto de aumento implica aproximadamente $8.000 millones adicionales por mes. Un 8% de incremento cuesta $64.000 millones mensuales más. En un contexto donde la industria bonaerense opera al 53,6% de su capacidad y hay más de 160.000 desocupados nuevos respecto de 2023, los Ingresos Brutos —principal fuente de recaudación propia de la Provincia— no compensan la caída de recursos nacionales.
El antecedente de febrero y lo que puede pasar en junio
En febrero el Gobierno ofreció el 3%, los gremios rechazaron y la tensión forzó a Kicillof a subir la oferta al 9%. El mismo patrón puede repetirse. UPCN históricamente tiende a cerrar rápido; ATE tiene más incentivos para presionar, especialmente con SUTEBA en proceso de renovación de conducción después de que Roberto Baradel, el histórico secretario general y aliado político del gobernador, dejara el cargo. La izquierda avanza en el gremio docente más grande de la Provincia, y eso cambia el tono de la negociación de junio.
El escenario más probable, según el análisis de las últimas semanas, es un acuerdo con porcentaje escalonado de entre 5% y 8% para el segundo semestre, distribuido en dos o tres tramos, con alguna suma fija no remunerativa como complemento. El Gobierno necesita cerrar antes del 20 de junio para que el aumento impacte en el aguinaldo. Si no cierra, o si cierra tarde, la percepción sobre quién paga el costo político del ajuste nacional en la Provincia se hace más difícil de sostener.
Por qué este mes importa más que los anteriores
La negociación de junio no es una paritaria más. Define los sueldos del segundo semestre de 600.000 trabajadores. Impacta directamente en el aguinaldo de diciembre. Y llega en un año preelectoral en el que Kicillof necesita que las escuelas y el Estado funcionen sin conflictos. Los gremios lo saben, y también saben que esa necesidad política tiene un precio en la mesa de negociación.
Para los vecinos de La Plata —donde el empleo público es uno de los principales sostenes económicos de barrios enteros, desde Los Hornos hasta City Bell— el resultado de esas reuniones de las próximas semanas va a tener impacto directo en el comercio local, en el consumo y en las finanzas familiares. No es un debate abstracto sobre números presupuestarios. Es plata en el bolsillo o plata que no llega.
