UCR, PRO, Coalición Cívica y La Libertad Avanza unificaron posiciones para forzar la presencia de Homero Giles en Diputados. La Agremiación Médica Platense ya declaró un paro de 48 horas por prestaciones del primer trimestre 2026 que el organismo todavía no pagó. Más de 2 millones de afiliados en el medio.
La crisis del IOMA dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en una emergencia sanitaria con nombre y apellido: $1.190.897.751 de deuda con los médicos platenses por prestaciones realizadas entre enero y marzo de 2026. Es decir, los profesionales trabajaron todo el primer trimestre del año sin cobrar un peso. Cuando la Agremiación Médica Platense (AMP) declaró el paro de 48 horas, los tiempos políticos se aceleraron. La oposición presentó el pedido formal de sesión especial para interpelar al titular del organismo, el dirigente camporista Homero Giles.
El paro médico que rompió el dique
El titular de la AMP, Gastón Quintans, fue categórico: «Llegamos a esta situación límite producto de la impericia de las autoridades. Hemos agotado todas las instancias de diálogo. Es inadmisible que un profesional perciba sus haberes recién a fin de mes».
No se trata de un conflicto gremial aislado. Al paro médico se sumaron protestas de acompañantes terapéuticos y cuidadores que también denuncian meses sin cobrar. El cuadro que describió la oposición en la Legislatura es preciso: médicos al borde de cortar prestaciones, medicamentos de alto costo sin cobertura, acompañantes terapéuticos sin honorarios y más de 2 millones de afiliados con su atención en riesgo.
Quiénes firmaron y qué piden
El pedido de interpelación fue presentado por el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, junto a los diputados Silvina Vaccarezza y Matías Civale. Se sumaron Andrés De Leo por la Coalición Cívica y Alejandro Rabinovich por el PRO. Una firma amplia que cruza los bloques opositores y construye una mayoría difícil de ignorar.
Los legisladores exigen que Giles comparezca ante la Cámara baja para responder sobre el estado financiero y presupuestario del IOMA, los criterios de contratación y auditoría, la deuda con prestadores, las medidas para garantizar prestaciones básicas y de alta complejidad, y los mecanismos de control interno.
«La situación de IOMA no es un problema administrativo: es una vulneración concreta del derecho a la salud», escribió Garciarena. «Los bonaerenses merecen respuestas.»
La Cámpora en el ojo de la tormenta
El centro del fuego político no es solo el IOMA como institución. Es su conducción. Homero Giles, el dirigente de La Cámpora que preside la obra social, acumula cuestionamientos desde hace dos años. En 2024 el PRO ya había pedido su interpelación, sin conseguir los votos necesarios. Ahora el cuadro cambió: la crisis escaló, la oposición se unificó y el conflicto médico le dio urgencia política al reclamo.
Desde el Senado, el legislador platense Marcelo «Chuby» Leguizamón (Hechos – UCR Identidad) se plegó al pedido y apuntó también al ministro de Salud Nicolás Kreplak: «Vino a defender proyectos con los que no estuvimos de acuerdo y prometió respuestas que nunca llegaron». Leguizamón habló, además, como afiliado al IOMA, no solo como legislador.
El dato institucional que complica todo: la comisión de Salud Pública de Diputados —por donde debe tramitar cualquier pedido de interpelación sobre el tema— quedó en manos de Martín Rodríguez, ex número dos del PAMI durante el Frente de Todos y referente de La Cámpora. Igual que Giles. Igual que Kreplak. El bloque oficialista controla la llave de paso.
La propuesta más ambiciosa: una bicameral para auditar el IOMA
En paralelo al pedido de interpelación, los diputados radicales Priscila Minnaard, Alejandra Lordén y Valentín Miranda presentaron un proyecto para crear una Comisión Bicameral de Fiscalización, Saneamiento y Normalización del IOMA. La iniciativa apunta a auditar el manejo de los recursos, relevar el estado prestacional real del organismo y elaborar un plan de normalización.
«Buscamos poner fin a la crisis estructural del IOMA que deja a miles de afiliados en situación de abandono», dijeron los impulsores. La propuesta suma un nivel más de presión institucional sobre una gestión que, según los opositores, lleva años respondiendo con silencio y pagos a cuentagotas.
El Gobierno apunta a Milei, la oposición apunta a Giles
Desde el Ejecutivo provincial el argumento es conocido: la crisis del IOMA responde al desfinanciamiento del sistema nacional de salud bajo la gestión de Javier Milei. La caída de obras sociales privadas y prepagas por el ajuste nacional habría derivado una masa de afiliados hacia el IOMA, sobrecargando su estructura.
Es un argumento que tiene fundamento real pero que no cierra el debate. Los $1.190 millones que IOMA les debe a los médicos platenses por enero, febrero y marzo no se explican solo con la migración de afiliados. La deuda con prestadores, los cuestionamientos a los criterios de contratación y la falta de transparencia en el manejo de los recursos apuntan a un problema de gestión que el Gobierno bonaerense no puede trasladarle íntegramente a la Nación.
La Plata, en el centro del conflicto
Para los platenses el tema es concreto y cotidiano. La AMP nuclea a los médicos que atienden a miles de afiliados del IOMA en la ciudad. Un paro de 48 horas no es una abstracción: son consultas canceladas, controles postergados, tratamientos interrumpidos.
El edificio central del IOMA está en calle 46 entre 12 y 13, a pocas cuadras de la Gobernación. La delegación de legisladores de La Libertad Avanza que se presentó en la mesa de entrada a dejar un escrito reclamando información hizo visible lo que hasta hace poco circulaba solo en comisiones: la obra social más grande de la provincia está en crisis y el Gobierno no tiene una respuesta satisfactoria para dar.
Así las cosas, si el oficialismo bloquea la interpelación en la comisión de Salud —que controla La Cámpora a través de Martín Rodríguez— la presión política se va a multiplicar. La oposición tiene los votos para insistir, el conflicto gremial sigue activo y los afiliados son 2 millones de electores bonaerenses. Forzar el debate o enterrarlo en comisión: esa es la decisión que el kirchnerismo tiene que tomar antes de que la crisis sanitaria se convierta en un problema electoral de magnitud.
