El Gobierno ofreció una recomposición salarial superior al 24% y mejoras en funcionamiento. Los rectores no aceptarán retirar la demanda judicial. La Corte no tiene plazo para resolver. Y los paros siguen.
La negociación entre el Gobierno nacional y las universidades entró esta semana en su etapa más delicada. Las partes están más cerca que nunca de un acuerdo económico, pero un obstáculo político y judicial amenaza con bloquear todo: el Ejecutivo exige que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) retire la medida cautelar que tiene activa en la Corte Suprema por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los rectores se niegan. Y la Corte no tiene plazo para expedirse.
Qué ofreció el Gobierno
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunió este lunes con el presidente del CIN, Franco Bartolacci (rector de la UNR), y su vice Anselmo Torres (rector de la UNRN) para poner sobre la mesa una «propuesta intermedia». Los números que circularon en la negociación son concretos: una recomposición salarial superior al 24%, distribuida en un aumento del 21,33% para el salario de junio y un 3% adicional en octubre, más un compromiso de no seguir perdiendo frente a la inflación durante el resto de 2026.
El número surge de reconocer parte del atraso acumulado: aproximadamente 4 puntos de la caída de 2024 y unos 12 puntos de 2025, sobre un sistema que desde 2023 perdió el 45,6% de su poder adquisitivo en términos reales. La propuesta también incluye un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento y una partida extra para los hospitales universitarios. En la negociación también se está discutiendo la situación del personal de los colegios preuniversitarios, afectados además por la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID).
El nudo que no se desata
La oferta económica tiene cierto aval entre los actores universitarios. El problema es otro. El Gobierno condiciona cualquier acuerdo a que el CIN levante la medida cautelar que presentó ante la Corte Suprema, obtenida dos veces y que obliga al Estado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo considera que esa ley es «ilegal» porque no especifica la fuente de los fondos, y entiende que mantener activa la demanda judicial es incompatible con firmar un acuerdo de partes.
Los rectores no están dispuestos a ceder en ese punto. «Sostenemos el mantenimiento de la acción judicial. No vamos a retirar la denuncia», afirman desde el CIN. Lo que sí están dispuestos a explorar es un texto que informe a la Justicia que «están avanzando en un acuerdo» sin renunciar formalmente a sus derechos. «Se está viendo legalmente cómo destrabar eso, para que las partes queden en reserva de ratificar sus posiciones», señaló una alta fuente universitaria.
El nudo, entonces, no es económico: es político y judicial. La cautelar está actualmente suspendida tras un recurso extraordinario del Ejecutivo, y la decisión final recae en la Corte Suprema —Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz— que no tiene un plazo definido para expedirse. «El problema principal es que la Justicia no resuelve y mira para otro lado. El Gobierno puede tener un acuerdo con la Corte… y en el medio se te van los profesores», resumió una autoridad universitaria.
Los gremios desconfían
Mientras rectores y funcionarios tantean una salida, los sindicatos docentes y no docentes miran las tratativas con desconfianza. Desde CONADU fueron directos: «Por ahora es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. El Gobierno tiene que convocar a paritaria, cosa que no hace hace años.» Los gremios exigen que cualquier solución incluya la apertura formal de una instancia paritaria con las organizaciones sindicales, no solo un acuerdo entre rectores y Ejecutivo.
La desconfianza tiene fundamento en la historia reciente. El conflicto universitario viene de 2024, cuando el Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso con amplia mayoría. En 2025 la tensión se mantuvo. En lo que va de 2026 se realizaron marchas federales masivas, clases públicas frente al Palacio de Justicia para presionar a la Corte, y tomas de colegios preuniversitarios como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini.
Qué pasa en La Plata
El conflicto no es abstracto para los vecinos de La Plata. La UNLP viene de semanas de paros docentes y no docentes, con días sin clases en facultades y colegios. Esta semana arranca con nuevas medidas de fuerza: los nodocentes tienen dos días de paro previstos en reclamo de financiamiento. El primer cuatrimestre del año se vio seriamente afectado, y si la negociación nacional no se resuelve antes del inicio del segundo semestre, el conflicto puede profundizarse.
Para los estudiantes de la UNLP —y para sus familias— el desenlace de estas reuniones en Buenos Aires define si junio trae una salida o una nueva escalada.
