La Provincia canceló $1.230 millones como «último saldo pendiente» y declaró deuda cero. El gobierno de Milei sostiene que lo adeudado supera los $9.000 millones. En el medio: 814 chicos esperando prótesis y una pelea política que no es nueva.
La obra social de los empleados públicos bonaerenses cerró ayer lo que define como su última deuda con el Hospital Garrahan. El IOMA envió una carta al hospital informando que «el último saldo pendiente, por más de $1.230 millones, fue cancelado en su totalidad» y que «los registros administrativos de la obra social muestran que no existen obligaciones impagas».
Para el gobierno de Kicillof, el asunto está saldado. Para el gobierno nacional, ni cerca.
Los números que no cierran
A mediados de mayo, la Oficina de Respuesta Oficial del gobierno de Milei publicó un mensaje titulado «Paguen lo que deben ya», en el que afirmó que la Provincia mantiene una deuda de $9.151.216.131 con el Garrahan a través del IOMA por prestaciones realizadas a pacientes bonaerenses. Desde Nación remarcaron que esa cifra no es una estimación política sino datos asentados en la cuenta corriente del propio hospital, y detallaron que con esos fondos podrían cubrirse las prótesis pendientes para 814 niños que esperan intervenciones.
La Provincia tiene una respuesta para esa cifra: el 85% de lo reclamado «carecía de respaldo documental, técnico y normativo».
Según la auditoría interna del IOMA, el monto efectivamente adeudado representaba apenas el 15% de los más de $9.000 millones que el hospital reclamaba. El saldo restante corresponde, según la Provincia, a prestaciones sin facturación formal, conceptos ya abonados o servicios sin documentación suficiente para respaldar su cobro.
El «Nomenclador Garrahan» en el centro de la disputa
El detalle más revelador de la posición bonaerense tiene que ver con cómo se calculó la deuda original. La auditoría detectó prestaciones cuya facturación no registraba ingreso formal en IOMA, valores fijados unilateralmente por el hospital mediante un supuesto «Nomenclador Garrahan» que nunca fue acordado entre las partes, y sobrefacturación en medicamentos, prótesis y prácticas no cubiertas.
Si el dato es cierto, implica algo serio: el Garrahan habría estado facturando servicios a precios propios, sin acuerdo previo con la obra social que los debía pagar. Eso no exime al IOMA de la deuda reconocida, pero cambia radicalmente la lectura del conflicto.
Una disputa que viene de lejos
El conflicto escala desde mediados de 2025, cuando el gobierno de Milei utilizó la deuda del IOMA como argumento central en su pelea con Kicillof. No fue casualidad: la obra social bonaerense es uno de los flancos más vulnerables de la gestión provincial. Con casi 800.000 afiliados —en su mayoría docentes, empleados de la administración pública y jubilados del Estado—, el IOMA acumula reclamos de prestadores, demoras en reintegros y una crisis estructural que el gobierno de Kicillof nunca terminó de resolver.
El mismo día que la Oficina de Respuesta Oficial publicó su posteo, se realizaba la Marcha Federal de Salud en todo el país, con más de 60.000 trabajadores del sector. Las autoridades del Garrahan emitieron ese día un comunicado exigiéndole a la Provincia la cancelación de la deuda. El timing no fue casual.
Kreplak responde, Giles calla
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak —militante de La Cámpora—, informó que «por una auditoría interna, la totalidad de los montos reconocidos por IOMA fueron abonados» y salió a rebatir los números nacionales con la habitual velocidad en redes que caracteriza su gestión comunicacional.
Homero Giles, titular del IOMA y también camporista, tuvo menos visibilidad en esta pulseada. No es un dato menor: Giles fue el convocado a una interpelación en la Cámara de Diputados bonaerense por la crisis de la obra social, y el silencio institucional de la conducción del IOMA contrasta con la efusividad con que el ministerio salió a dar la pelea en el terreno mediático.
Lo que queda abierto
El gobierno bonaerense declara deuda cero. El Garrahan no emitió ninguna confirmación pública de que el conflicto esté cerrado. Y el gobierno nacional no retiró su reclamo.
Esa gran porción de la deuda reclamada que la Provincia no reconoce corresponde, según la auditoría del IOMA, a prestaciones no facturadas, ya pagadas o sin respaldo suficiente. Pero mientras eso no se dirima en alguna instancia técnica o judicial, el número de $9.000 millones va a seguir circulando como munición política.
Para los afiliados al IOMA de La Plata y el Gran La Plata —que representan una porción significativa de los 800.000 beneficiarios de la obra social—, el desenlace de esta disputa importa más allá del relato: define si la cobertura de alta complejidad en el hospital pediátrico de referencia del país seguirá funcionando sin cortocircuitos.
