Hay una forma clásica de describir lo que hicieron Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti en las últimas semanas: se anotaron en el régimen de «inocencia fiscal» para regularizar activos no declarados.
Pero hay otra forma, más precisa, de contarlo: el jefe de Gabinete del gobierno que llegó al poder prometiendo acabar con «la casta» usó una ley que su propio espacio impulsó para blanquear un patrimonio cuyo origen ya está siendo investigado por un fiscal que, según quienes lo conocen, «está dispuesto a ir a fondo».
El nombre de la ley, hay que reconocerlo, es una obra maestra del eufemismo. «Inocencia fiscal.» Como si la culpa fuera una variable contable. Como si exteriorizando activos a último momento se borrara la pregunta que flota desde hace meses en Comodoro Py: ¿de dónde salió todo eso?
Una regularización con timing impecable
Angeletti formalizó su solicitud ante ARCA el 31 de mayo. Adorni hizo lo propio este miércoles 10 de junio. No lo hicieron al asumir. No lo hicieron cuando empezaron las versiones. Lo hicieron cuando la investigación ya tenía cuerpo, nombres, declaraciones testimoniales y requerimientos de justificación patrimonial tramitados ante la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
En ese sentido, el timing no es un detalle secundario. Es el corazón político de la maniobra. La Ley 27.799 permite regularizar activos no exteriorizados sin sanciones penales ni antecedentes impositivos. Por eso, acogerse a ella ahora —con una causa judicial en marcha— equivale a intentar tapar con un decreto lo que un fiscal ya metió en una carpeta.
No es una jugada nueva en la política argentina. Pero tiene un sabor particular viniendo del gobierno que hizo del ataque a la «casta corrupta» su principal argumento electoral.
El patrimonio que necesitaba regularización
Para entender la magnitud de lo que se intenta normalizar, vale repasar lo que el fiscal Gerardo Pollicita ya tiene documentado.
Adorni y Angeletti compraron un departamento en el barrio porteño de Caballito con USD 30.000 en efectivo y una hipoteca de USD 200.000 sin intereses firmada con dos jubiladas que les vendieron la propiedad. También adquirieron una casa en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, por USD 120.000 —con USD 20.000 en cash y otra hipoteca, esta vez con una policía retirada y su hija—. La propiedad fue luego refaccionada: un contratista declaró haber recibido USD 245.000 en efectivo y sin facturar para hacer esa obra.
Además, la Justicia investiga viajes a Aruba, Uruguay y España que superan los USD 27.000, y se reveló que Adorni gastó con tarjeta de crédito el doble de su sueldo durante 2025.
A ese cuadro se suma un dato que habla por sí solo: Angeletti figura como trabajadora autónoma desde 2017, pero recién dio de alta sus obligaciones en el IVA y en Ganancias en octubre de 2025. Ocho años de actividad sin formalizar la situación impositiva. Un olvido prolongado.
De todo eso, según fuentes cercanas a la pesquisa, Pollicita «buscó hasta lo que Adorni gasta en el seguro del auto». No es metáfora. Es el nivel de granularidad al que llegó la investigación. Y la conclusión que anticipan esas mismas fuentes es directa: «Adorni está lleno de inconsistencias».
La arquitectura de la maniobra
Acogerse a la «inocencia fiscal» tiene una lógica defensiva concreta. Por un lado, permite regularizar lo no declarado sin consecuencias penales tributarias. Por otro, la declaración jurada simplificada de Ganancias que habilita el régimen facilita la presentación que Adorni debe hacer ante la Oficina Anticorrupción antes del 31 de julio.
En ese contexto, la jugada tiene dos niveles. En el primero, es una estrategia legal legítima: la ley existe, está vigente y cualquier contribuyente puede usarla. En el segundo nivel —el político— es bastante más complicado de sostener. Porque la misma fuerza que voceó durante años la lucha contra la corrupción creó el instrumento que ahora usa su propio jefe de Gabinete para ordenar un patrimonio cuya explicación, hasta ahora, no convence a nadie en Tribunales.
Además, hay un problema estructural que algunos diputados ya señalaron: la ley no excluye a los funcionarios públicos ni a sus familiares directos. En consecuencia, el mismo régimen pensado para facilitar el sinceramiento fiscal de pequeños y medianos contribuyentes fue aprovechado por el hombre que todos los días sale a dar la conferencia de prensa del gobierno.
No tardó en aparecer la reacción legislativa. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue lapidario: «La impunidad ya ni siquiera se disimula». Su par Esteban Paulón presentó un proyecto para cerrar el agujero: propone excluir del régimen a los funcionarios de todos los poderes del Estado y a sus familiares directos, desde dos años antes de ingresar a la función pública.
El fiscal que cortó el teléfono
Mientras la regularización avanzaba, también avanzaba la causa. Y en ese frente, el gobierno no tuvo mejor suerte.
Según reveló La Política Online, el propio Adorni intentó llegar a Pollicita a través del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Cuando Mahiques lo llamó para transmitirle el mensaje, el fiscal cortó la comunicación sin escucharlo. Las fuentes que rodean al fiscal son explícitas: «No le importa el gobierno ni Milei, Karina o Adorni».
Por otro lado, el juez Ariel Lijo —quien delegó la investigación en Pollicita— viaja esta semana a París para un encuentro del GAFI, justamente en compañía de Mahiques. En Tribunales, el viaje encendió señales de alerta sobre un posible intento de acercamiento. Sin embargo, la solidez del expediente hace difícil que ese movimiento cambie algo. De hecho, Lijo le habría exigido a Mahiques que no incluyera en el viaje al viceministro Santiago Viola —bautizado «Pitufo» en los pasillos judiciales—, a quien el juez rechaza. El ministro aceptó la condición.
En ese marco, la tarea del fiscal en las próximas semanas es aritmética pura: comparar la información reunida por la DAFI con la declaración jurada que Adorni presente ante la OA. La conclusión no surgirá de interpretaciones sino de sumas y restas. Si los ingresos declarados no explican los gastos verificados, hay enriquecimiento ilícito. Así de simple, así de difícil de esquivar.
El spot que dijo lo que nadie quería escuchar
Mientras todo esto ocurría, la plataforma Personal Flow relanzó en la previa del Mundial un viejo spot publicitario. En él, un personaje menciona casualmente la necesidad de «declarar la casa del country». Las redes lo convirtieron en meme instantáneo. El timing fue involuntario. La lectura, universal.
A veces la realidad tiene mejor guion que cualquier redacción.
