Los registros de ARCA muestran que al menos nueve funcionarios, asesores y allegados al gobierno de Milei adhirieron al régimen simplificado de Ganancias que bloquea auditorías fiscales de períodos anteriores. El propio impulsor de la ley fue uno de los últimos en usarla.
Hay una coherencia difícil de ignorar: los mismos que celebraron la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) como un hito histórico son también los que más rápido corrieron a acogerse a ella. Los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revelan que, entre abril y junio de 2026, al menos nueve personas del entorno directo de Javier Milei se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias que la norma habilita.
El primero fue Santiago Oría, el documentalista personal del presidente, el 6 de abril. Lo siguió el economista Antonio Aracre, conductor de la TV Pública y cercano a Milei, el 21 de abril. Ambos se movieron con semanas de anticipación a que el tema se volviera público.
El ministro desregulador que eligió simplificar sus propios impuestos
El 7 de mayo le tocó a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y uno de los arquitectos del modelo económico libertario. Su constancia en ARCA llama la atención: registró dos actividades nuevas —servicios inmobiliarios con bienes urbanos propios y asesoramiento empresarial— en julio de 2024, apenas un mes antes de asumir el ministerio. Pocos meses después, adhirió al régimen que simplifica su carga fiscal y cierra la ventana para revisiones del pasado.
El 20 de mayo fue el turno de Aimé Ayelén Vázquez, titular de la Unidad Gabinete de Asesores de Adorni. El detalle que más llama la atención: se inscribió como autónoma en febrero de 2026 y ya en mayo estaba acogida al régimen de inocencia fiscal. Tres meses entre el alta como trabajadora independiente y el blindaje fiscal.
El círculo de Santiago Caputo y la cadena de adhesiones
El 29 de mayo se sumó Manuel Vidal, asesor y confidente del estratega presidencial Santiago Caputo. Dos días después, el 31 de mayo, lo hizo Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Esa adhesión fue la que detonó el escándalo público.
El 1 de junio adhirió Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo y director del BICE —el mismo funcionario que recibió un crédito hipotecario del Banco Nación de 373 millones de pesos a tasa subsidiada.
La secuencia cerró con los dos nombres más emblemáticos. El 9 de junio lo hizo José Luis Espert, el ex diputado que impulsó la ley en el Congreso y la vendió como una revolución impositiva. El 10 de junio, el propio Adorni.
Qué permite el régimen y por qué importa
Según contadores especializados, la adhesión al régimen simplificado de la Ley 27.799 tiene tres efectos concretos: simplifica las obligaciones impositivas, impide que ARCA revise períodos anteriores a la adhesión, y permite regularizar bienes no declarados sin que formalmente se llame blanqueo.
Ese tercer efecto es el que genera mayor tensión política. En el contexto de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito que pesa sobre Adorni, la adhesión —y la de su esposa, sus colaboradores y aliados del Gobierno— ya no luce como una decisión administrativa rutinaria.
Un flanco expuesto del Gobierno
Con las elecciones legislativas de octubre en el horizonte, el escándalo en torno a la inocencia fiscal tiene potencial para convertirse en uno de los flancos más incómodos del oficialismo. La oposición ya tiene el material: una ley que el Gobierno impulsó, que sus propios funcionarios usaron antes de que saliera a la luz, y que permite borrar el pasado tributario sin mayores explicaciones. Si la Justicia profundiza la investigación sobre el patrimonio de Adorni, cada nueva adhesión del entorno oficial sumará presión sobre un gobierno que construyó su identidad política sobre la bandera de la transparencia.
